La aprehensión de Ovidio Guzmán, considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, demuestra que “sí se requiere cierta fuerza física del Estado mexicano” en contra de las organizaciones criminales, y que dichas acciones se pueden combinar con la estrategia preventiva de “abrazos, no balazos” que enarbola el actual gobierno federal, señaló el académico universitario Javier Oliva.

En entrevista con La Jornada, el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM destacó la virulencia de las acciones de los grupos delincuenciales para protestar por la detención del hijo del Chapo Guzmán, de lo cual un botón de muestra muy significativo es el ataque a balazos a una aeronave comercial.

“Lo del avión es muy serio, porque se trata de un atentado. Sin importar si el proyectil estaba supuestamente dirigido a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el caso es que una nave con pasajeros civiles tuvo que abortar su despegue y sufrió daños en su sistema hidráulico. Además, todos los aeropuertos de Sinaloa están sin vuelos de entrada ni salida”, subrayó.

El experto en temas de seguridad consideró este nivel de violencia como “algo insólito que demuestra la capacidad táctica y el despliegue de las organizaciones criminales en el país. Tal vez no todas lo tienen, pero dos o tres, sí”.

Ante ello, consideró Oliva, “la respuesta del Estado mexicano, no del gobierno en turno, no puede ser proporcional, sino incremental: debe haber un mayor despliegue para recuperar lo antes posible la paz pública y la aplicación de la ley”.

En este sentido, el académico descartó que la aprehensión de Guzmán sea un “regalo” para el presidente estadunidense Joe Biden –quien estará de visita en México los próximos 9 y 10 de enero, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte—, pues este tipo de operaciones no pueden estar condicionadas a factores externos e incluso pueden verse afectadas por filtraciones de datos, como la del llamado Guacamaya Leaks.

Oliva consideró que la aprehensión realizada ayer tiene que generar una revisión no sólo de la capacidad de fuego y movilización de los mayores grupos criminales, sino también de la política de seguridad pública de los organismos civiles.

De igual manera, destacó que una de las lecturas de lo ocurrido en Sinaloa es que “no se puede desafiar al Estado mexicano sin consecuencias. Queda demostrado que sí se requiere cierta expresión de fuerza física del Estado” en contra de los delincuentes, lo cual se puede conjugar con la política de atención a los orígenes sociales de la violencia, conocida como “abrazos, no balazos”.