La Paz., La viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, aseguró ayer que la investigación contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido el pasado 28 de diciembre por cargos de “terrorismo”, transcurre en el plano judicial, y calificó de acciones políticas las movilizaciones que piden la liberación del líder opositor.

Alcón destacó nuevamente el carácter político de la protesta convocada para el martes por varios comités cívicos con el reclamo de excarcelar al funcionario imputado de “terrorismo” por su participación en el golpe de Estado, que forzó la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019.

“Éste es un hecho judicial, está en etapa de investigación y ahí se están conociendo muchos casos, dentro de ello ha sido informado por el Ministerio de Gobierno los movimientos económicos (de Camacho), son 4.5 millones de bolivianos (12.5 millones de pesos) en ese periodo”, explicó.

Sobre la base de elementos aportados por el Ministerio Público, recordó que Camacho conocía que desde diciembre de 2020 se presentó una denuncia por la ruptura del orden constitucional y la llegada a la presidencia por esa vía de la ex senadora Jeanine Áñez.

En el contexto de ese proceso, conocido como golpe de Estado I, la máxima autoridad ejecutiva cruceña fue citada cuatro veces por la fiscalía entre octubre de 2021 y octubre de 2022, pero no acudió, a diferencia de otros actores políticos.

Alcón refirió que ese fue el caso del ex candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana en octubre de 2019, Carlos Mesa, quien acudió al Ministerio Público el 17 de junio de 2021, aunque recurrió a su derecho al silencio ante la comisión de fiscales que investiga la denuncia presentada por la ex diputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty. La víspera, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho realizó movimientos bancarios por más de 640 mil dólares destinados a financiar el golpe que dio lugar al gobierno de facto.

Sin embargo, los seguidores camachistas mantienen en tensión a Santa Cruz, con la toma e incendios de edificios públicos, ataques diarios contra el Comando Departamental de la Policía y bloqueos de carreteras para impedir el abastecimiento de alimentos a otros departamentos de Bolivia, lo que ha incrementado los precios en los productos básicos.

Con este trasfondo, los comités cívicos convocados por las élites de poder cruceñas determinaron realizar marchas de protesta el próximo día 10 en todo el país, y después organizar movilizaciones con la exigencia de libertad para Camacho.

Alcón reiteró que el proceso contra el gobernador se desenvuelve en la esfera judicial, y subrayó que existen familias que exigen justicia para las víctimas de matanzas, como las de Senkata y Sacaba, y por miles de violaciones de los derechos humanos que se perpetraron durante el gobierno de facto.

Por su parte, la justicia rechazó por segunda vez una acción de libertad interpuesta por la defensa de Camacho, en una audiencia virtual que se realizó ayer, al tiempo que sus abogados buscan que la autoridad departamental le otorgue un permiso cada 20 días para ser trasladado a un centro de salud para recibir tratamiento médico, luego de presentar un tipo de parálisis, informó el diario Página Siete.

El defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Francisco Callisaya, pidió en entrevista con la agencia Sputnik que la fuerza policial realice un uso moderado de la fuerza ante las protestas para exigir la liberación de Camacho, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Los efectos del bloqueo en Santa Cruz se empezaron a sentir en el alza de precios de los alimentos en Bolivia luego de los ocho días de protestas.