Lima. Al continuar las movilizaciones y bloqueos carreteros en distintos puntos de Perú, la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque presentó ayer una denuncia constitucional contra la mandataria Dina Boluarte y varios ministros por los 28 muertos que ha dejado la represión de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones a favor del destituido presidente Pedro Castillo.

El texto señala que Boluarte, en calidad de jefa del Estado y de las fuerzas armadas, habría violado cinco artículos de la Constitución, como los de garantizar el respeto a la vida, a los derechos humanos y a hacer cumplir las leyes.

También fueron denunciados el ex primer ministro Pedro Angulo y su sucesor, Alberto Otárola, además de los actuales titulares del Interior, César Cervantes, y de Justicia, José Tello, quienes, según Luque, “contribuyeron a la perpetración de los ilícitos al ser parte del aparato de poder”.

La legisladora sostuvo que los cuatro son responsables al tener dominio de las órdenes en la “intervención de la policía nacional y el ejército” durante las protestas.

Agregó en la denuncia que las leyes peruanas prohíben a las fuerzas de seguridad “disparar de manera indiscriminada” durante el ejercicio de sus funciones, pero sí lo hicieron, de acuerdo con testimoniales de los medios de comunicación, durante el operativo en Ayacucho, donde varias personas, algunas de las cuales no participaban de las protestas, murieron por acciones de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía incluyó a los ex ministros de Trabajo Betssy Chávez y de Producción Jorge Prado en la investigación en contra de Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, indicaron fuentes consultadas por el diario El Comercio

Engrosan lista de funcionarios acusados

Otros 20 parlamentarios de Acción Popular y Perú Libre habrían sido añadidos a la causa abierta por el ex fiscal Pablo Sánchez, que investiga una supuesta trama criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderada por el depuesto mandatario, denunciada en un primer momento por la empresaria Karelim, por lo que Sánchez abrió las pesquisas en mayo contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular, conocidos como Los Niños.

Durante la jornada de ayer, se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 26 de las 195 provincias del país. La Defensoría del Pueblo informó de las que tuvieron lugar principalmente en las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios, Ica, Apurímac, Moquegua, Tacna, Huánuco, Junín y Cajamarca.

Destacó que no se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en el contexto de la crisis social por la que atraviesa el país.

En la región de Puno, y otras del sur del país históricamente votantes de izquierda, algunos líderes de las protestas han introducido en su plataforma de lucha planes separatistas para Lima y la parte norte de la nación andina. En Ica, pobladores bloquearon la carretera Panamericana Sur, principal vía que llega a la región Tacna.

En Puerto Maldonado, en la amazónica Madre de Dios, manifestantes mantenían bloqueado, hasta el cierre de esta edición, un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.

Las protestas, en las que se exige la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, un cambio de la Constitución y la liberación de Castillo, se reactivaron el miércoles luego de una pausa que coincidió con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Mientras, el ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) cuestionó a la derecha peruana por asumir medidas para restringirle el ingreso a su país.

“Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero, por favor, paren la matanza, detenciones ilegales, persecución y terruqueo (descalificación) contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo”, tuiteó Morales.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, refirió que reportes de inteligencia indican el ingreso de extranjeros, entre ellos bolivianos, que supuestamente están azuzando las protestas con planes “separatistas” en el país.