Guadalajara, Jal., Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fueron enviados a prisión preventiva oficiosa este jueves en tanto se reanuda, el 10 de enero, la audiencia de imputación que decidirá si son vinculados a proceso penal tras oponerse, junto con cientos de inconformes, a la construcción de un conjunto habitacional en terrenos que el ayuntamiento de esta capital cedió en forma irregular en 2008 a la empresa española Mecano.

De nada valió que cientos de alumnos y docentes de la UdeG, encabezados por el rector Ricardo Villanueva, marcharan ayer por la mañana hacia Casa Jalisco y realizaran un mitin fuera de la residencia del gobernador Enrique Alfaro –del partido Movimiento Ciudadano–, quien ha dicho que nada tiene que ver con un asunto “entre particulares”.

El rector Villanueva acusó al Ejecutivo estatal de estar detrás de las acciones legales contra los estudiantes y anunció que acompañaría a éstos al juzgado en el penal de Puente Grande, mientras manifestantes decidieron acampar frente a Casa Jalisco hasta que sus compañeros sean liberados.

Los imputados fueron denunciados por las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, posesionarios del predio en pugna, por el presunto delito de despojo de inmuebles y aguas, ya que los jóvenes encabezaron un plantón en el terreno durante semanas para evitar la entrada de maquinaria. En ese tiempo aprovecharon para reforestar el área.

Armenta, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, aseguró durante el mitin, antes de ir al juzgado de Puente Grande, que Alfaro no se molestó “por nuestras causas y nuestros ideales” de defender un espacio ecológico, sino porque el proyecto implica “más de 4 mil millones de pesos y él lo firmó cuando fue alcalde de Guadalajara con esos empresarios” de Mecano.

Los tres estudiantes y vecinos iniciaron hace años un movimiento que llamaron Resistencia Huentitán, para evitar que desarrolladores inmobiliarios –de la mano de gobiernos municipales–, construyeran un complejo habitacional con miles de departamentos, lo que derivó en denuncias contra los tres universitarios.