En 2023 el trabajo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia consistirá principalmente en recabar testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas, entre otras personas, de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en ese periodo, por lo que lanzó una convocatoria para que quien tenga información sobre lo sucedido entre 1965 y 1990 pueda compartir su historia y/o material.
Carlos Pérez Ricart, integrante del citado mecanismo, informó que en los dos últimos meses de 2022 recopilaron 143 testimonios individuales y colectivos, y esperan que al final de este año sumen al menos 2 mil.
En entrevista también confirmó lo anunciado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto a que como parte del trabajo de la comisión que éste preside acudirán a la base militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, así como a cuarteles del Ejército en Sinaloa, Chihuahua y el estado de México, como ya se hizo en el Campo Militar número 1 en septiembre de 2022.
El investigador detalló que para analizar los testimonios que se reúnan se trabaja en la creación de un sistema de información que permite categorizarlos y con base en ello vincularlos con los perpetradores de las agresiones y los actos particulares de violación a derechos humanos, como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado y detención arbitraria, entre otros, e identificar nuevas víctimas.
Para coadyuvar en el trabajo de la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, los interesados pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.
Pérez Ricart puntualizó que quien decida contactarlos será remitido con algunos colaboradores para acordar una cita y pueda brindar su testimonio (que puede ser anónimo) ante expertos en trabajos de esta clase.
En la convocatoria se especifica que en la Ciudad de México se realizarán las entrevistas a partir de su publicación y hasta el 31 de agosto de 2024, en tanto que para el resto del país, el mecanismo realizará jornadas de campo a lo largo de 2023.
Pérez Ricart enfatizó que el objetivo de este ejercicio es el esclarecimiento de lo sucedido, por lo que por ahora “no tiene consecuencias judiciales”.