El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que en 2022 logró recaudar 233 mil 270 millones de pesos en auditorías a grandes contribuyentes, 24 mil 368 millones más que en 2021. La “eficiencia recaudatoria” alcanzada por la máxima autoridad responsable del cobro de impuestos queda patente si se considera que en sólo cuatro años ya obtuvo de este sector 60 por ciento más que el gobierno federal anterior en el sexenio completo (847 mil 973 millones de pesos frente a 501 mil 133 millones).
Cabe congratularse por la cifra récord, en tanto esos ingresos resultan cruciales para llevar adelante programas sociales y proyectos de infraestructura, atender las necesidades básicas de la población y mantener unas finanzas públicas sanas. Asimismo, la noticia es positiva por mostrar la continuidad del esfuerzo para poner en orden los asuntos fiscales y acabar con el régimen de privilegios vigente por décadas. Supone también una grata señal de lo que puede lograrse cuando una parte significativa del empresariado asume sus obligaciones fiscales como parte inextricable de la actividad económica.
Sin embargo, estos avances alentadores no pueden ocultar los pendientes en la materia. Como La Jornada informó el lunes pasado, entre enero y noviembre de 2022 el gobierno federal gastó un billón 86 mil millones de pesos en cubrir las pensiones y jubilaciones del sector público y privado, cantidad 11.9 por ciento superior a la erogada en el mismo periodo de 2021, y 130 por ciento mayor a la requerida hace apenas 10 años. Ese monto significa que la Federación ya destina uno de cada cinco pesos del gasto programable a este rubro, y los requerimientos no harán sino crecer en los próximos años.
En un plazo preocupantemente corto, las medidas puestas en marcha por la Cuarta Transformación para racionalizar el gasto y aumentar la recaudación serán insuficientes para afrontar el costo del sistema pensionario, la inversión pública e incluso el gasto corriente, por lo que será ineludible plantear una reforma fiscal y acaso hacendaria que aumente la recaudación y corrija las graves asimetrías existentes, comenzando por el bajo porcentaje de ingresos que tributan los sectores acaudalados. No se trata, como sostienen los propagandistas del libertinaje de mercado, de “castigar” o ahuyentar a los dueños de capitales, sino de poner a México al día con los estándares internacionales y de garantizar los recursos para el desarrollo. En este sentido, debe recordarse que nuestro país tiene un severo rezago en el indicador de contribución fiscal como porcentaje del PIB, no sólo frente a las naciones más prósperas y al promedio de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino incluso ante sus pares de América Latina: nuestro 17.9 por ciento se compara de manera deficitaria con el 47, 42 y 41 por ciento que alcanzan Dinamarca, Suecia y Finlandia; con 33 por ciento en la OCDE, así como con 31, 29 y 26 por ciento de Brasil, Argentina y Uruguay.
En tanto el fisco es una herramienta redistributiva que permite a los estados atenuar las inequidades generadas por el mercado y garantizar un piso de bienestar a los ciudadanos, parece pertinente abrir el debate para una futura reforma de corte progresista en este rubro.
