Lima. Con bloqueos de carreteras y movilizaciones, miles de personas reanudaron ayer las protestas en Perú, principalmente en el sur, para exigir al gobierno presidido por Dina Boluarte elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y la liberación del destituido mandatario, Pedro Castillo, en una jornada en que la policía, junto con el ejército, mantuvieron el control de la infraestructura clave para evitar actos violentos, aunque se registraron múltiples enfrentamientos.

En el centro de Lima, la Policía Nacional de Perú (PNP) lanzó bombas lacrimógenas a manifestantes que intentaban llegar al Congreso tras realizar una movilización de la Plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima, informó el diario La República.

La Defensoría del Pueblo informó de un enfrentamiento en inmediaciones del aeropuerto de Arequipa entre manifestantes que se protegían con escudos artesanales y la PNP, ya que la policía desbloqueó una ruta utilizando gases lacrimógenos para dispersar a decenas de personas, además de la quema de una caseta de peaje en Puno y del ataque a un vehículo de transporte público en Tacna.

Los manifestantes también cerraron rutas con piedras y neumáticos en llamas en la céntrica zona de Junín y la sureñas ciudades Cusco y Apurímac. En Puerto Maldonado, región amazónica sureña de Madre de Dios, manifestantes bloquearon un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.

La Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país, aunque los organizadores de las movilizaciones aseguran que fueron más.

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que evacuó el martes a 2 mil 62 turistas desde Machupichu, y que se implementaron corredores seguros para los visitantes hacia los centros históricos de Cusco, donde el servicio de tren que va a la ciudadela inca deMachupichu, la más visitada por los turistas, fue suspendido en previsión de las protestas, informó la empresa ferroviaria.

Más temprano, el primer ministro, Alberto Otárola, dijo a periodistas que la situación general del país era de “normalidad”, aunque se detectaron temprano bloqueos en las regiones de Cusco y Puno, afectando el transporte principalmente de turistas y comerciantes. “La protesta es un derecho de la población, pero tiene que hacerse de manera pacífica”, indicó, y agregó: “estamos trabajando con la policía para mantener el control interno”.

Según imágenes de la televisión, la policía y el ejército cuidaban sedes públicas en algunas zonas donde se anunciaron protestas, entre ellas Ayacucho, región donde se registró el mayor número de víctimas en las recientes manifestaciones.

En Perú se iniciaron el pasado 7 de diciembre una ola de protestas luego de la destitución y arresto del ex presidente Castillo, que dejaron 28 muertos en choques entre manifestantes y el ejército y otros seis fallecidos en accidentes vinculados a los bloqueos.

Castillo, que estuvo en el poder casi 17 meses, intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial para evitar una moción de confianza. La vicepresidenta de entonces, Dina Boluarte, asumió el poder y planteó adelantar en dos años las elecciones generales, que espera se realicen en abril de 2024.

Representantes de grupos civiles y de sindicatos de 10 regiones del sur del país, históricamente votantes de izquierda, anunciaron el reinicio de protestas reclamando la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la liberación de Castillo, quien cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por “rebelión”, cargo que el ex presidente niega.

El paro fue precedido con llamados de todos los sectores a que las movilizaciones sean pacíficas y a evitar muertes, tras las que se registraron en diciembre luego de la destitución y detención de Castillo.

La titular de la Defensoría, Eliana Revollar, instó a las fuerzas del orden a hacer “uso proporcional” de las fuerzas en sus esfuerzos por controlar el orden interno, exhortándolas a evitar cualquier represión al derecho a la protesta de los ciudadanos. Además, pidió al gobierno y al Congreso buscar una “salida de amplio consenso” a la crisis.

El Ministerio de Defensa de Perú denunció que personas ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal están detrás de las protestas en el sur del país.

En ese contexto, el general de la Policía Nacional de Perú, Roger Arista Perea, remplazó en el cargo a Juan Carlos Liendo, quien el martes renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia, informó RPP.