Aunque los flujos de personas migrantes que transitan por territorio mexicano y en general por la región de América Latina también están integrados por indígenas, no se tienen estadísticas que visibilicen la magnitud de este fenómeno y que permitan atender sus necesidades particulares, pese a que frecuentemente son víctimas de anomalías como discriminación, xenofobia, violencia, detenciones arbitrarias, malos tratos, desapariciones e incluso privación de la vida, aseveró la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un análisis sobre el tema, expuso que en 2010 se estimaba que cerca de 45 millones de indígenas vivían en países de América Latina, lo que representaba 8.3 por ciento de la población de la región, y aproximadamente 83 mil eran migrantes internacionales. Sin embargo, puntualizó, existe una falta de información estadística desagregada y actualizada, lo que “es un factor que agrava su situación de vulnerabilidad”, ya que impide conocer el impacto diferenciado de las políticas migratorias y la magnitud de las violaciones a sus derechos.

En relación con México, indicó que desde 2018 la relatoría especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas señaló que en Chiapas los migrantes de comunidades originarias de América Central “sufren persecución, extorsión y secuestros por autoridades federales y estatales y grupos criminales”, además de que “el empleo de prácticas de perfil racial por varios agentes migratorios genera abusos” contra estas personas y los indígenas mexicanos residentes en la frontera.

“Frecuentemente son detenidas de manera arbitraria y devueltas a su país de origen sin asesoría legal”, concluyó.