Concluyeron los primeros cuatro años de la presente administración. Es tiempo propicio para levantar una evaluatoria y abarcante mirada de ese movido periodo. Además, el inicio de este 2023 podrá centrarse en dos grandes vertientes. Una, quizá la trascendente por su impacto futuro, será la designación del candidato de Morena a la Presidencia de la República. Se tendrá, insertado en ello, un corto pero central intervalo por la lucha electiva en dos estados, hoy gobernados por el tambaleante PRI. La segunda parte del año se llenará con la exigente tarea de finiquitar el restante, pero sólido, resto de la agenda transformadora. Hacen falta algunas paletadas de trabajos para dejar consolidados los cambios de rumbo iniciados hace ya cuatro años.
Empecemos por el núcleo del cuatrienio ya pasado. Aparece, entonces, la fidelidad seguida en la implantación del modelo justiciero. Este impulso ha sido llevado a cabo sin tregua ni descanso. Densos contenidos del proyecto de nación votado se fueron inaugurando a medida que transcurrían las semanas siguientes a la toma de posesión. En esa ceremonia, se delineó, con trasparencia envidiable y desde el mero inicio, la indeclinable decisión de asegurar la independencia y soberanía del Poder Ejecutivo. A diferencia del pasado, donde su captura y sometimiento por privilegiados grupos de presión fue norma. Se formó así un efectivo pivote para la acción rápida y directa. No se perdió tiempo en este cometido que conformó la sustancia de un distinto y fuerte régimen de gobierno. Sobre todo ante el pasado elitista, procreado por el modelo concentrador del neoliberalismo. Ahora se reconoció, de inmediato, que la legitimidad de la voluntad ciudadana apuntaba, sin duda, hacia un mandato popular mayoritario. Darle consistente cabida al postulado “por el bien de todos, primero los pobres” dio, entonces, inicio al enorme y justiciero paquete de reivindicaciones sociales, con su tajada presupuestaria adicional e incontestable. Los enormes desbalances entre personas (desigualdad) y las regiones del país (sur-sureste) han sido puntos focales, primordiales, irrenunciables. Los grandes proyectos de infraestructura absorbieron suficientes recursos para su operación sin tardanzas y miran hacia su finiquito sexenal. Las correcciones en la trabazón burocrática prexistente dio lugar, sin tregua, al rescate del inmenso volumen de recursos extraviados en sus innumerables meandros deshonestos y derrochadores. La austeridad republicana se impuso a lo largo y ancho del aparato de gobierno.
Hubo, en este inaugurado camino, que aceptar la renuencia de ciertos nódulos que preservaron prerrogativas y privilegios. La oposición, impulsada por el pronto restablecimiento de cotos perdidos, intentó ridiculizar esta dura tarea diciendo que se actuaba con machete en el recorte de la grasa acumulada. Los opositores engolaron la voz para sentenciar la huida de personal calificado: la ineficacia operativa fue entrevista por todos lados. Tal vez algo de ello fuera necesario aceptar ante la urgencia de permitir, sin tardanza alguna, otro uso de los recursos, nodales para la distribución equitativa y el robustecimiento del mercado interno. Poco a poco, pero sin tardanzas, la administración se fue ajustando a la nueva realidad y así, en medio de tales ajustes, se hizo frente a la tragedia que trajo la pandemia.
Recurrir al aparato de salud prexistente fue todo un reto hacia lo desconocido. Falta de medicamentos, infraestructura hospitalaria deplorable, alarmante ausencia de especialistas –en particular en virología–, equipamiento irregular y privatizado. Estos fueron los rasgos que describen, con precisión, el armazón que dio cabida a la batalla viral con su cauda de muerte y sufrimientos. El bienio que resta verá los impulsos de corrección que este aparato exige. La promesa, que parece exagerada por su comparativa europea, dará cabida a un modelo más que aceptable. Es el compromiso y en ello se ha empeñado buena parte de la legitimidad gubernamental.
Durante cuatro años se estiró el presupuesto hasta niveles desconocidos, logrando drásticos aumentos. Algunos sectores, empero, resintieron faltantes. La esforzada canalización a los prioritarios fue una de las causas. La economía sigue su ordenada marcha y se enfila, segura, a la concreción del restante programa en marcha. La estrategia de seguridad arrojará resultados, ya bien codificados en la estadística, que apuntan hacia la baja y el control de la violencia. Quedó pendiente el peliagudo trabajo de una reforma fiscal y hacendaria que eleve los recursos públicos y, a la vez, inserte mayor equidad en la distribución. Será una tarea para el venidero gobierno que no podrá retardarse más.
