Santa Cruz. La cancillería de Bolivia informó ayer que protestó ante las autoridades de España y Chile al considerar una intromisión la visita de los parlamentarios de los partidos Vox, Víctor González, y Republicano Chileno, Luis Fernando Sánchez, al departamento de Santa Cruz para respaldar al gobernador Fernando Camacho –detenido el pasado miércoles por su participación en el golpe de Estado de 2019– y pedir a la policía que respete los derechos humanos en las protestas a favor del líder opositor, al tiempo que continuaron las movilizaciones.
“El ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los canales diplomáticos respectivos, solicitó a la embajada del reino de España y al consulado general de Chile en Bolivia, información respecto al ‘estatus de observador’ que declararon tener ambos parlamentarios públicamente en territorio boliviano”, dice el comunicado oficial.
González y Sánchez llegaron hasta el comando regional de la policía de Santa Cruz de la Sierra, acompañados por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para increpar al máximo jefe policial por la gasificación a los manifestantes que exigen la liberación de Camacho, detenido el pasado 28 de diciembre.
“Se expresó el rechazo al accionar de los diputados, quienes sin ninguna acreditación se arrogaron la representación de sus gobiernos o congresos, lo que constituye en una inaceptable injerencia en los asuntos internos de Bolivia”, protestó el gobierno.
Camacho fue aprehendido por presuntos hechos de “terrorismo” en la gestión 2019, cuando lideró protestas y aparentemente promovió la rebelión policial para presionar al entonces presidente Evo Morales (2006-2019) a renunciar.
La tensión se mantiene en Santa Cruz, la región más rica y bastión de la oposición, por nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes para exigir la liberación del mandatario local.
Evangélicos y católicos iniciaron con oraciones una masiva marcha en petición de paz y que se libere al gobernador. En las ciudades de La Paz, Cochabamba, Trinidad y Sucre se realizaron otras movilizaciones con carteles que decían “liberen a Camacho”.
Decenas de camiones de transporte pesado se hallaban varados en las carreteras de Santa Cruz debido a las manifestaciones, mientras empresarios locales llamaron al orden. En un video difundido a medios, dirigentes empresariales departamentales pidieron a las autoridades nacionales cumplir el estado de derecho y tratar a la región “con respeto”, pero también apelaron a los manifestantes a levantar los bloqueos de carreteras.
Desde la cárcel de Chonchocoro y a través de una carta, Camacho afirmó ser un “preso político” del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), al tiempo que desafió a un debate al presidente Luis Arce. “Usted representa el proyecto dictatorial del MAS y yo represento a Santa Cruz (…). Sea valiente y acepte un debate conmigo”, apuntó el gobernador, quien argumentó que su detención por su supuesta participación en la crisis política de 2019, “es un caso inventado por su gobierno”.
El vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que con la violencia en la ciudad de Santa Cruz, lo que se busca “es preservar la impunidad” de los participantes en el golpe de Estado.
En tanto, el gobierno reportó que la salud de Camacho es “estable”, pero su defensa manifestó preocupación porque éste necesita un tratamiento médico.