Todas las etapas del proceso de elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) quedaron suspendidas hasta febrero, cuando el pleno de la Cámara de Diputados pueda votar un acuerdo que modifique la convocatoria en los puntos ordenados por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que serán citados a una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y en contra de quienes se analizan denuncias por “invasión de funciones” y prevaricato.

“Queda en suspenso la convocatoria y la etapa de integración del comité técnico de evaluación, así como el registro de aspirantes”, que estaba previsto para empezar la próxima semana, informó ayer el presidente de la Junta, Ignacio Mier, después de una reunión en la que el jurídico de la Cámara, Luis Genaro Vázquez Rodríguez, entregó una opinión en la que resalta que negarse a acatar la sentencia del 23 de diciembre podría implicar sanciones para los diputados “que vulneren aún más el orden constitucional”.

Mier comentó que el fallo del TEPJF se debió a que los magistrados se prestaron a acciones ajenas a la justicia, como lo han hecho en todos sus resolutivos. Es una acción sistemática y eso es prevaricato”.

La Jucopo recibió el documento de Vázquez Rodríguez que amplía la opinión legal sobre el fallo de los magistrados y en la que se resalta que la orden de modificar puntos centrales del proceso se emitió sin otorgar a la Cámara el derecho de audiencia y antes de que la convocatoria se publicara en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, todavía no entraba en vigor.

El pasado 23 de diciembre, la sala superior del TEPJF emitió una sentencia en materia de protección de los derechos político electorales del ciudadano, con medidas obligatorias para la Cámara, entre otras, distinguir de entre las cuatro listas de cinco candidatos cuál se refiere al cargo de presidente del INE; suprimir la obligación del comité técnico de evaluación de candidatos de rendir informes a la Jucopo e incorporar en las listas el principio de igualdad de género.

El jurídico de la Cámara planteó a los coordinadores parlamentarios que, no obstante “las irregularidades de la resolución de la sala superior del Tribunal”, al tratarse de una sentencia inatacable, se le debe dar cumplimiento.

Ignacio Mier informó que la ruta jurídica en contra de los magistrados se votará el próximo lunes en la Junta de Coordinación Política a partir de las recomendaciones que, en ese sentido, le presente la dirección jurídica de la Cámara de Diputados.