Buenos Aires., El presidente Alberto Fernández decidió avanzar en su pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, lo que alcanza también al resto de los integrantes de la misma, Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorensetti, cuyos fallos en los últimos tiempos han colocado a esa institución en el engranaje de la “mesa judicial” armada durante el pasado gobierno de Mauricio Macri de la derechista Coalición Juntos por el Cambio, con la ayuda evidente de la embajada de Estados Unidos aquí.

Alberto Fernández ratificó el anuncio del juicio político a la Corte desde Brasil, adonde viajó para participar en la asunción de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien acordaron renovar los vínculos en la relación bilateral. Esta relación funcionó con gran dinamismo político en los gobiernos de Lula, de Dilma Rouseff y de sus pares argentinos Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, en Argentina las acciones de la Corte Suprema desde hace tiempo, pero en especial en los últimos años, han sido con marca golpista y una de las esperanzas de los argentinos al votar la fórmula del Frente de Todos (Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner) en 2019 era que se actuara ante una justicia inexistente y el intento de los “supremos” de erigirse en el verdadero poder en este país, hasta el punto de que analistas y políticos mencionan la existencia de una “dictadura judicial”.

Fernández explicó que existió una permanente acción de la Corte Suprema sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que privó la tendencia del bloque de Juntos por el Cambio para marcar la línea asumida por el Poder Judicial, de obstaculizar y paralizar al parlamento.

El reciente fallo de la Corte de beneficiar al gobierno capitalino del opositor Horacio Rodríguez Larreta al transferirle dinero de la coparticipación impositiva que le había asignado ilegalmente Macri a su partidario y que fue girado a las provincias por la actual administración, tuvo un impacto golpista que movilizó al gobierno y a los militantes del oficialista Frente de Todos.

Los descubrimientos recientes llevaron hasta la puerta del gobierno capitalino, y su ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alesandro, lo que provocó un nuevo escándalo, ya que entre otros actos, fue parte del viaje de jueces, fiscales,y empresarios del grupo Clarín, a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, a la mansión de un empresarios británico Joe Lewis, investigado en estos momentos por la apropiación de ese lugar turístico, que no forma parte de las tierras adquiridas por este personaje.

La decisión presidencial de llevar a juicio político a la Corte, es apoyada popularmente; además el presidente Juan Domingo Perón, en 1917 fue el primero que logró remplazar a la Corte, por su apoyo a la llamada “década infame” de fraudes electorales y los crímenes cometidos en función de las necesidades de la oligarquía pro inglesa.

También el ex presidente Néstor Kirchner en su gobierno impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces de la Corte en esos momentos “la mayoría automática” que había armado Carlos Menem(1989-1999), tres renunciaron para no ser cesados. Fueron clave para firmar las privatizaciones de las principales empresas del Estado y la entrega de buena parte de la soberanía. No será fácil el camino, pero la Corte Suprema superó todos los límites.