Buenos Aires. Como se anunció ayer, el presidente Alberto Fernández se reunió en la casa Rosada con gobernadores y vicegobernadores de varias provincias para preparar el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), entre ellos su titular, Horacio Rosatti, cuyos recientes fallos son considerados abiertamente “parciales”, especialmente el último favoreciendo a la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el municipio más rico de Argentina.

Varios gobernadores se comunicaron por video conferencia, apoyando también este pedido de juicio político estableciendo que se produce en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional ante el mal desempeño de las funciones de los cuatro integrantes de la CSJN.

El pasado 21 de diciembre, el máximo tribunal falló en favor del pedido del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, de la derechista Coalición Juntos por el Cambio y, dictando una medida cautelar, ordenó al gobierno nacional entregar a la ciudad el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, con que lo había favorecido el ex presidente Mauricio Macri.

Se disponía la entrega de 86 mil millones de pesos sobre la considerable suma que recibe este municipio cada año. Este dinero ya se estaba transfiriendo a las provincias por lo que el fallo viola el federalismo que se está recuperando lentamente y está firmado por los cuatro miembros: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En la resolución, los magistrados destacaron que el ordenamiento jurídico demanda un “carácter convencional” para reglar la coparticipación, y que esta no afecta la coparticipación de las provincias. Macri, responsable del decreto por el cual durante su gobierno dispuso esos recursos para el gobierno porteño, festejó la decisión de los magistrados “que devuelve a la ciudad lo que le corresponde” y advirtió “que el fin del populismo está cada vez más cerca”.

“El presidente, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño” de la Corte en sus funciones, argumentó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Afirmó antes de entrar en la reunión, que Juntos por el Cambio “se apoderó del Poder Judicial para perseguir opositores, para defenestrar el sistema republicano de gobierno y para destruir el federalismo en Argentina. Esta apropiación de la justicia constituye un hecho de gravedad institucional”.

Consideró asimismo que en este contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a CABA, nosotros observamos efectivamente en esta Corte Suprema, una manifiesta parcialidad, en una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública”.

Consideró que esa parcialidad política es uno de los problemas centrales para los “que deben ser custodios y guardianes de la Constitución pero lo que observamos es que los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, patrimonio, honor y libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios republicanos y federales de gobierno".

En ese marco, Capitanich reconoció que las provincias argentinas se sienten “damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento alguno” y adviertieron que “la defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad”.

Por su parte, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, presentó una denuncia ante la justicia federal contra Silvio Robles, “estrecho colaborador” de Rosatti, por supuesto “tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el gobierno porteño y ese tribunal”, como informó la agencia oficial Telam, y dijo que “la legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el estado de derecho. No se puede dejar pasar esto”.