Bogotá. El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del alto el fuego bilateral pactado con los principales grupos armados, que regirá durante el primer semestre del año, informó ayer el ministro del Interior, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio.

“La labor más difícil que hay es la verificación (...) Se prevé hacer cada dos meses un corte de cuentas de cómo va la evolución en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones", explicó Prada.

La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados a partir del primero de enero y hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.

El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de alto el fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.

Bajo su política de “paz total”, Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016.

Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de “absolutamente todo el territorio” y no se van a desmilitarizar regiones como se hizo en negociaciones de paz anteriores “para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones.

“Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro. Pero las fuerzas armadas, lo dicen los mismos decretos, conservan la plenitud de sus facultades constitucionales”, añadió.

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42 mil kilómetros cuadrados en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse. Prada aseguró que los diálogos serán “diferentes” con cada organización, dependiendo si “se mueven en la economía ilegal” o “tienen estatus político”.

Desde noviembre el gobierno negocia en Caracas con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país.

Por otra parte, el gobierno de Colombia y el fabricante francés Dassault no concretaron a tiempo la compra de aviones de combate Rafale y los plazos legales vencieron antes de concluir la negociación, informó el ministerio de Defensa.