Ciudad de México. El parque turístico privado Xcaret, en Quintana Roo, aporta 350 mil pesos mensuales (4 millones 200 mil pesos al año) al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por el permiso para administrar la zona arqueológica de Polé, que se encuentra en sus terrenos. Esa cifra representa sólo 0.21 por ciento de los ingresos anuales que esa empresa obtiene por concepto del millón de entradas que dice recibir.

Si bien el instituto mantiene una taquilla independiente para ingresar al sitio, en la que cobra 85 pesos, son pocas las personas que entran por ahí. La Jornada documentó que entre 2000 y 2012 apenas recibió 172 visitas por ese acceso. Xcaret no contabiliza el número de personas que el parque recibe para decidir el monto de la aportación anual que da al INAH.

Fue en 1994, último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando el INAH, representado entonces por María Teresa Franco González Salas, suscribió un primer convenio con la promotora Xcaret, con vigencia de 25 años, el cual especificaba en su cláusula quinta que la empresa privada debía pagar al instituto “por concepto de entradas a la zona arqueológica”, 600 mil nuevos pesos anuales, “cantidad que se ajustará automáticamente al término de cada año de vigencia de este documento, en el mismo porcentaje acumulado en ese año de acuerdo al índice inflacionario”.

Ese acuerdo fue renovado en 2018, último año de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto y antes de que se venciera el plazo en 2019. El INAH ratificó en ese momento que Xcaret puede “conservar, proteger y preservar” el sitio prehispánico.

El nuevo convenio tiene una vigencia de 10 años, pero se especifica que en 2028, cuando vence, “se puede prorrogar automáticamente”, informa Xcaret en su página www.grupoxcaret.com. El instituto también autoriza a esa empresa a “difundir las costumbres y tradiciones de México en ese lugar.”

El documento establece “un incremento sustancial” en el aporte monetario de la promotora Xcaret al INAH, “para contribuir a las tareas que realiza el instituto en torno a la investigación y salvaguarda del patrimonio cultural”, explicó el delegado del INAH en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, en entrevista con La Jornada.

El arqueólogo dijo que “es importante precisar que el ingreso al conjunto de vestigios arqueológicos es independiente al del parque Xcaret, ya que el INAH tiene instalada una taquilla propia para quien quiera visitar exclusivamente los monumentos arqueológicos del antiguo Polé.

“El cobro de derechos es de 85 pesos por persona y se puede ingresar por un sendero independiente, sin necesidad de pasar por los torniquetes de la empresa Xcaret. Aunque reconocemos que, en su mayoría, los visitantes acuden motivados por los productos turísticos y actividades recreativas que ofrece el parque, por lo que deben pagar otro tipo de entrada”, reconoció Molina Rendón.

Apenas la mitad del presupuesto anual

De acuerdo con información de la página web de esa compañía, el parque turístico recibe en promedio un millón de visitantes al año. Sin embargo, esa cifra no se toma en cuenta para la aportación que se da al INAH. Si así fuera, serían 85 millones de pesos.

Actualmente, el costo de la entrada a Xcaret, que incluye el acceso a la zona arqueológica de Polé, es de 2 mil 300 pesos para un adulto y mil 500 por niño. Tomando en cuenta que la mayoría de los viajeros son adultos, en promedio ese parque recreativo obtiene sólo por taquilla poco más de 2 mil millones de pesos anualmente, cifra que representa apenas la mitad del presupuesto anual que el gobierno federal le otorgó al INAH para 2023 (según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el instituto recibió 4 mil 739 millones 228 mil 697 pesos). Es decir, Xcaret da al INAH sólo 0.21 por ciento de sus ingresos anuales.

A diferencia de lo que ocurre en casi todas las zonas arqueológicas del país, en Polé los visitantes pueden subir a las pirámides libremente, como muestran las imágenes promocionales en la página electrónica de la promotora.

“Es importante enfatizar que todos los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación, incluso los que se encuentran en predios de particulares, como señala el artículo 27 de la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, añadió Margarito Molina Rendón.

Agregó que, tomando en cuenta lo anterior, se elaboró ese acuerdo con la empresa privada (Xcaret) que administra la propiedad donde se encuentra el sitio arqueológico de Polé, “para posibilitar que todo ciudadano mexicano pueda acceder, conocer y disfrutar de los elementos patrimoniales de dicho sitio”.

Los convenios entre el INAH y particulares, reiteró el antropólogo, permiten “la coexistencia entre la propiedad privada y los vestigios arqueológicos que son propiedad de la nación, sin que sea necesaria la expropiación”.

En este caso, consideró, “para el instituto la afluencia de los visitantes en Polé tiene dos ventajas: cumplir con la disposición constitucional al permitir que todo mexicano tenga acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado, y que el visitante pueda conocer los vestigios de una interesantísima ciudad maya con el estilo arquitectónico Costa Oriental, que se dedicó al comercio marítimo entre el periodo Clásico temprano y el Posclásico, entre los años 200 y 1500 de nuestra era”.

Para Margarito Molina, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene “el pulso de la realidad que acontece en nuestros sitios arqueológicos y reconoce la certeza jurídica que deben tener en cuanto a sus poligonales de protección. Eso acredita la relevancia que los bienes arqueológicos tienen en la actualidad para el Estado mexicano”.

Sin embargo, el acuerdo de 1994, vigente al menos hasta 2012, especificaba en su cláusula decimoquinta que Xcaret debía instalar y correr con los gastos de un museo, lo cual no ha ocurrido en los 28 años que la empresa privada tiene en esa zona.