Hoy, los 15 magistrados que conforman el pleno general del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) elegirán al nuevo titular de ese órgano encargado de litigar juicios multimillonarios promovidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), determinar la legalidad de licitaciones y contratos federales, confirmar responsabilidades administrativas y las obligaciones resarcitorias elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referentes a desfalcos como la estafa maestra o el de Oceanografía.

La disputa interna por la titularidad del tribunal se concentra en la magistrada Luz María Anaya Domínguez, a quien se le identifica como la candidata del gobierno, frente al magistrado Guillermo Valls Esponda, considerado el abanderado de la oposición y de un sector del Senado. Así, quien resulte ganador del proceso deberá obtener ocho votos.

La norma que rige al tribunal obligaba a su presidente, Rafael Anzures Uribe, a convocar con un mes de antelación –a la primera semana de enero– a sesión para elegir a quien deberá encabezar esa instancia. Sin embargo, hasta hoy no se había publicitado, aunque en las oficinas de esa instancia judicial se asegura que la convocatoria fue privada. En medio de ese sigilo, quienes aspiran a la presidencia son Luz María Anaya Domínguez, quien forma parte de la primera sección del tribunal, se desempeñó en la sala especializada en materia de propiedad intelectual y participó en la Junta de Gobierno. Su nombramiento fue el más reciente, en 2021, y resultó promovida por el gobierno actual. De los aspirantes es la única que tiene carrera en ese órgano.

El segundo aspirante con posibilidades es Guillermo Valls Esponda, actual presidente de la primera sección del tribunal. Fue promovido en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se desempeñó antes en el SAT y es colocado al costado de las fuerzas de oposición a la magistrada Anaya.

La tercera es la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esposa del general Rafael Macedo de la Concha, y se desempeña como presidenta de la segunda sección de la sala superior. Fue apadrinada por el gobierno de Felipe Calderón.

El cuarto aspirante es el magistrado Julián Olivas Ugalde. Trabaja en la Junta de Gobierno y administración del tribunal. Fue nombrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La conducción del tribunal aún recae en Rafael Anzures –cuyo hijo litiga a favor de la cooperativa de futbol Cruz Azul– y la relevancia del órgano se observa en los casos que dirime, como la decisión de obligar al Grupo Elektra a pagar al fisco un monto de 3 mil millones de pesos, resolver asuntos como la llamada estafa maestra, el fraude en Oceanografía, las deudas de Elba Esther Gordillo con el SAT, la fuga del Chapo Guzmán del penal de Altiplano, ratificando que el director Valentín Cárdenas Lerma fue encontrado responsable de la evasión, o el juicio a favor de la Profeco contra la empresa Chivas de Corazón, que llevaba el servicio de televisión restringida para ese equipo de futbol.

Su sala superior conoce asuntos por su cuantía, por su trascendencia y relevancia. El criterio de cuantía es que sólo pueden llegar asuntos que impliquen como mínimo 200 millones de pesos.

También, en el presente año, van a culminar los encargos de tres magistrados de la sala superior, cuyos sustitutos serán propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificados por el Senado, y a ellos se les suma el magistrado que está pendiente de ser nombrado en la tercera sección. Adermás de que en 2024 culminará el periodo del magistrado Alfredo Salgado Loyo. Con ellos, el actual gobierno habrá nombrado a ocho magistrados, más de la mitad del pleno general.

El gobierno federal presentó una iniciativa ante el Congreso para que los magistrados de la tercera sección pudieran convertirse en candidatos a la presidencia del tribunal, pues la norma a la fecha les impide participar en el proceso electivo. La oposición en las cámaras reclamó que esa iniciativa tenía por objeto beneficiar a la magistrada de la tercera sección Natalia Téllez.

En el proceso de renovación de la presidencia del tribunal se ha corrido la especie que apunta al presidente saliente, Rafael Anzures, de quien habrían provenido supuestas amenazas de que el SAT investiga a los aspirantes a sucederlo, con objeto de presionarlos y coaccionarlos.

Así, el entorno de la magistrada Anaya asegura que ya tiene los votos de los magistrados Téllez y Javier Sabines Chesterking, del presidente Rafael Anzures y de Alfredo Salgado, así como el suyo, por lo que suma cinco.

En el caso de Valls, cuenta con el voto de Manuel Havillis, Nora Urby y Carlos Chaurand.