Ciudad de México. Comenzamos 2023 con la próxima “cumbre de los tres amigos”. El presidente estadunidense, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, serán recibidos en la Ciudad de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 y 10 de enero. La agenda es, según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, muy amplia: “movilidad laboral, comercio, seguridad, educación, cultura, combate al cambio climático”. Será un acto, como siempre, de palmadas en la espalda y dedicado a brindar una imagen de cooperación y amistad entre los países de América del Norte. Seguramente se llegará a una declaración llena de buenas intenciones y algunos acuerdos.

Pero hay temas importantes que, por espinosos, probablemente se barrerán debajo del tapete. En primer término, los tres países están demandados y amenazados por empresas de la misma región por miles de millones de dólares; Estados Unidos por TransCanada por 15 mil millones de dólares por habérsele negado el permiso de explotación del oleoducto XL Pipeline; México por miles de millones por las mineras estadunidenses Odyssey y Vulcan; Canadá por miles de millones más por las estadunidenses Westmoreland y las Industrias Koch. Todas estas demandas y otras, por medidas y regulaciones gubernamentales para proteger el ambiente y enfrentar el cambio climático.

Pero, además del extractivo, hay otros sectores que amenazan con interponer demandas en los próximos seis meses, plazo para que aún se pueda usar el capítulo 11 del antiguo TLCAN ( La Jornada, 1/8/22), pues en el T-MEC se abandona el sistema de resolución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) salvo para su uso para industrias energéticas y otras de EU en México (así de injusto). Es menester poner atención en las agroindustrias estadunidenses que acrecientan su presión para que Biden lleve el tema de los transgénicos (OGM) al T-MEC ( La Jornada, 26/12/22). No serían las primeras demandas a México desde este sector. La gigante Cargill nos demandó y ganó en 2009, por fallo de un tribunal del Ciadi del Banco Mundial, 90 millones de dólares, incluyendo intereses, más el pago de gastos legales, dado que México adoptó impuestos para la importación del jarabe de maíz de alta fructosa.

Ante los falsos alegatos de Estados Unidos de que la posición mexicana de eliminar la importación de transgénicos causará daños de miles de millones de dólares a sus productores y, a la vez, elevará el precio de la tortilla y otros productos en México, es bienvenida la solidaridad internacional. Una carta coordinada por el Consejo de los Canadienses que será publicada esta semana (https://canadians.org) y firmada por 28 organizaciones de ese país, hace un llamado a Trudeau a que su gobierno apoye el plan de México de eliminar el maíz transgénico y el uso de glifosato de manera paulatina hacia 2024. Se basan en una declaración respaldada por 335 organizaciones de la sociedad civil y personas en México (https://bit.ly/3Id4W1p). Citan las organizaciones canadienses al subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, quien ha sostenido que México es una nación soberana con un gobierno democrático que llegó al poder con el apoyo de la mayoría de sus ciudadanos, y cumple con su Constitución y el respeto de los derechos humanos por encima de los intereses privados.

Citan también a Karen Hansen-Kuhn, directora de programas del Instituto de Agricultura y Política Comercial (IATP) de Estados Unidos: “La reciente presión sobre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por exportadores estadunidenses de maíz ha hecho sonar alarmas sobre supuestas restricciones injustas a sus ventas a México. Afirman que el T-MEC obliga a México a aprobar los bienes producidos con biotecnología agrícola, pero no es así. De hecho, aunque el T-MEC establece un proceso para considerar la aprobación de esos bienes, también declara explícitamente que nada en el acuerdo obliga a los países a llegar a ninguna conclusión. México tiene el derecho soberano de determinar las normas que rigen su sistema alimentario. EU tiene sus propias restricciones a las importaciones para garantizar la seguridad alimentaria. La Unión Eu­ropea lleva décadas restringiendo la producción e importación de organismos genéticamente modificados (OGM), al igual que otros países del mundo (trad. propia)”.

Tim Wise, también del IATP, elaboró un detallado estudio en el que refuta una serie de supuestos contenidos en otro estudio patrocinado por exportadores e importadores de maíz transgénico (ver listado en el estudio), en el que se “generan estimaciones infladas de altos costos y pérdida de producción en Estados Unidos y grave inseguridad alimentaria en México”. Concluye: “Los agricultores y consumidores de ambos lados de la frontera estarían mejor servidos si el gobierno estadunidense entablara negociaciones respetuosas con México. En lugar de distorsionar los mercados de maíz de América del Norte tratando de impedir que se exprese la demanda mexicana de maíz no transgénico, Estados Unidos puede ayudar a garantizar que las preferencias de México, como gran consumidor de maíz estadunidense, no perturben los mercados de maíz en América del Norte” (https://bit.ly/3WQOgAK).

Es deseable que AMLO, Biden y Trudeau reconocieran explícitamente en la declaración final de su cumbre de jefes de Estado, que los países de América del Norte han de conservar el derecho soberano de promulgar leyes y reglamentos nacionales que protejan la salud pública y el ambiente, y afirmar que el T-MEC no impide el derecho a restringir la importación de organismos genéticamente modificados y del glifosato.

* Investigador del Institute for Policy ­Studies www.ips-dc.org