La Paz, BCS. La representación legal de las 96 trabajadoras despedidas injustificadamente por la empresa maquiladora de calamar Han Jin Trading CO. LTD, hace más de 20 años, solicitó el amparo de la justicia federal contra la resolución dictada por la Junta Especial número 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual desechó el pasado 9 de diciembre la demanda interpuesta por las empleadas.

El enlace del Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, Gilberto Piñeda Bañuelos, uno de los representantes legales de las trabajadoras, dijo que el argumento de la Junta es que la empresa no existe en Corea, porque encontraron el domicilio que se les proporcionó, pero nadie les abrió la puerta y no pudieron entregar la notificación de la demanda.

“Es una arbitrariedad de la Junta porque el derecho de las trabajadoras de demandar a sus patrones queda cancelado por el hecho de que estaba cerrada la empresa, cuando las leyes mexicanas establecen que cuando no sale alguien de un local de la dirección, se tiene que dejar pegada la notificación y decirles que van a ir tal día y si no están se da por valida la notificación”, señaló.

Al hacer un recuento del proceso de demanda, explicó que el 15 de octubre del 2002 la empresa Han Jin México SA de CV despidió a las 100 trabajadoras de su planta maquiladora en Santa Rosalía, Baja California Sur, con el argumento de que ya no había materia prima para trabajar, lo cual no es cierto, porque en esa temporada hubo calamar en la zona hasta el mes de noviembre.

Piñeda Bañuelos manifestó que las trabajadoras eran sobrexplotadas porque tenían un salario a destajo de 30 centavos por kilogramo de calamar limpiado; tenían una jornada laboral de las 22:00 a las 10:00 horas, pero no les contaban las cinco horas extras considerando que la jornada nocturna es de siete horas; les cobraban el equipo de trabajo; y no les permitían organizarse para crear un sindicato. En realidad había descontento entre las trabajadoras y la empresa decidió despedirlas, aseveró.

Expresó que ante la demanda laboral la justicia resolvió a favor de cuatro trabajadoras y no de las 100, por lo que las restantes 96 reactivaron su defensa legal ante la Junta Especial número 58 de la Federación de Conciliación y Arbitraje.

Puntualizó que los años pasaron sin solución al conflicto laboral y en la revisión del expediente descubrieron que en las escrituras de Han Jin México SA de CV aparece como accionista mayoritario, con el 87 por ciento de las acciones, Han Jin Trading Compañía LTD, con sede en Corea del Sur, por lo que esta empresa extranjera también fue demandada, lo mismo que el representante legal de la primera Kim Jin Moon.

Mencionó que tanto Han Jin México como su apoderado legal fueron notificados, no así, la empresa con domicilio en Corea del Sur, primero porque la Junta se negaba a traducir al coreano la demanda que era una de las condiciones de las autoridades laborales del país asiático, lo cual hizo después de 10 años; y ahora porque encontraron el edificio, pero nadie de la empresa salió a recibir la notificación.

Apuntó que este es nuevo golpe en la defensa legal de las trabajadoras, porque antes, el Registro Público de la Propiedad del municipio de Mulegé canceló el embargo del predio de la planta maquiladora de calamar que quedó como garantía de la demanda contra Han Jin México SA de CV, de acuerdo a la resolución de un juez federal.

A esta violación constitucional, dijo, se sumó la venta del predio por parte del apoderado legal coreano de Han Jin México al empresario Félix Díaz Álvarez, ambos responsables de una negociación a todas luces ilegal.

Ante estos atropellos, informó, promovieron una demanda de amparo contra la Junta Especial número 58 porque tomó una decisión equivocada al desechar la demanda contra Han Jin Trading Co. LTD; presentaron una demanda de nulidad de las escrituras de la compra venta del predio de Han Jin México; y ya está imputado el director del Registro Público de Santa Rosalía que actuó al margen de la ley.

De forma independiente a lo anterior, expresó que quieren proponerle al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, que apoye a las trabajadoras con la indemnización como un acto de justicia social; y el gobierno del estado vea después como resuelve el pago por parte de todos los involucrados en el conflicto, es decir, las empresas, el apoderado legal coreano y el empresario que compró el terreno de forma ilegal.

“Antes que la legalidad está la justicia social, esto no es político ni legal o no legal; en el caso de las calamareras no es resultado de un juicio, sino de que las compañeras reciban la indemnización que debieron recibir después del despido injustificado”, concluyó.