La eficiencia se refiere de modo general a la capacidad de conseguir algo en el menor tiempo posible, al costo más bajo y de manera competente en su realización. Tiene una relación cercana con las cuestiones económicas, pero se extiende a otras consideraciones. Se asocia de modo estrecho con la noción de eficacia, que se entiende como el grado en que se consigue el resultado que se ha fijado en cierta actividad o proyecto.

De alguna manera, la eficiencia puede considerarse más relevante, ya que tiene que ver con hacer las cosas de la manera correcta, completar las actividades requeridas y, así, conseguir el fin previsto en las condiciones que se han propuesto. En todo caso, es posible ser efectivo sin ser eficiente y viceversa. También puede ser que no se satisfaga ninguna de las dos condiciones.

Estos conceptos se aplican al modo de funcionamiento de los mercados y a las acciones y actividades de los distintos agentes incluyendo, por cierto, al gobierno y al sector público.

No debe perderse de vista que la producción genera la corriente de los ingresos y así se vincula con la distribución. Los gobiernos inciden en las condiciones que afectan a la producción, el consumo y la inversión y, de tal forma, se relacionan con los criterios de eficiencia económica.

Las medidas que se adoptan en cualquier terreno de la política económica y social tienen un componente técnico y otro operativo. Ambos deben cumplirse, pues de lo contrario la eficiencia y la efectividad no se consiguen; los recursos se desvían o se desperdician y los objetivos originales se incumplen.

La cuestión que se plantea, entonces, es si existe un mejor modo para conseguir los objetivos deseados. Para eso debe atenderse a los asuntos relativos a la asignación de recursos y a la eficiencia de los procesos que están involucrados.

Todo esto ha de ajustarse al marco que estipula si los objetivos establecidos son los correctos; si las políticas, los programas, los proyectos que de ellas se derivan son los más apropiados en relación con los recursos necesarios que se deben asignar.

A esto debe agregarse un elemento clave que tiene que ver con que esas políticas, programas, proyectos mejoren los resultados futuros de modo que se sostenga en el tiempo el bienestar colectivo. Esta dimensión temporal debería hacerse siempre explícita, de lo contrario los presupuestos se rebasan o no alcanzan, las medidas tienden a fracasar o abandonarse. Lo que se genera, entonces, es un desperdicio.

Hoy en México hay una extensa serie de programas de índole social y económica que concentran la atención del gobierno desde su inicio, como parte del objetivo de reducir la gran desigualdad social existente. La presentación periódica de información cualitativa y cuantitativa del alcance y resultados de tales programas debería ser un elemento integral de su ejecución y para amparar la eficiencia en su operación y su efectividad.

Es el caso de los proyectos de infraestructura que aparecen como prioritarios y que son el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Los dos primeros fueron inaugurados en una fecha predeterminada de modo anticipado a su conclusión operativa.

El primero apenas funciona. El caso es que el viejo AICM (que data de 1952) está por colapsar físicamente y en términos operativos. El país carece hoy de un aeropuerto a la altura de las necesidades de transporte y conectividad para los usuarios nacionales y extranjeros. Tampoco responde al potencial de desarrollo al que se puede aspirar. Los costos directos e indirectos que esto representa son enormes. Es un asunto estratégico mal abordado, y sin remplazo cuando menos desde hace 20 años. Pasará otro gobierno sin que se remedie este ostensible y ya muy largo rezago, con la gran ineficiencia que genera.

La refinería sigue en el proceso de construcción y adaptación; su presupuesto original ha sido rebasado en más del doble, según se dice por obras adicionales necesarias, pero que deberían haber sido previstas en el proyecto de inversión. La fecha en que empezará a producir se pospone constantemente.

En el caso de tren ha sido notoria la falta de planeación, el exceso de gasto y una cuestionable administración del proyecto. El tendido de las vías se ha desviado sobre la marcha y se han requerido obras complementarias en el recorrido. Se discute el posible daño a zonas arqueológicas y naturales de la zona. La prioridad es que las obras insignia se hagan y eso por encima de la consideración de eficiencia y efectividad.

Hay otra serie de circunstancias de muy distinta índole que muestran los efectos adversos sobre la eficiencia y la efectividad, tanto de las actividades productivas como en general del uso de los recursos. Una muestra es el muy intenso tráfico carretero en las distintas salidas de la CDMX. En la carretera a Puebla, por ejemplo, el transito de autos, camiones y tráileres es enorme. En la caseta de cobro de peaje se anuncia que hay pago multimodal (en efectivo y dispositivo electrónico); este último debe servir, precisamente, para acelerar el paso. Pero todos los vehículos tienen que hacer las mismas colas; las casetas están mal diseñadas y la efectividad del sistema de pago se cancela. Eso se repite en todas las casetas a lo largo de la ruta hasta la ciudad de Oaxaca de manera que un trayecto de alrededor de seis horas se alarga hasta dos horas más.

No puede ignorarse el abundante y muy diverso tema de la eficiencia y la efectividad, tanto en el sector público y el privado en esta sociedad compleja y con múltiples problemas donde es necesario replantear el uso de los recursos para cimentar el bienestar general.