Con más de 111 mil solicitudes de asilo de personas refugiadas, de las cuales 15 mil se registraron en la Ciudad de México, cerró el año pasado, informó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local al destacar que el principio de “no devolución” constituye la piedra angular de la protección internacional de esta población.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el Título 42, que favorece una política de expulsión masiva de personas que buscan asilo en su territorio, las ha obligado a regresar “a ser cooptadas por bandas del crimen y la delincuencia organizada en México”, alertó.

La situación, advirtió, se vuelve crítica porque “el sistema de protección internacional coordinado desde la Secretaría de Gobernación y la cancillería está colapsado desde 2017, y se acentuó con las caravanas de 2018.

En los pasados dos decenios, las solicitudes de asilo aumentaron de manera significativa, pero las políticas públicas, presupuesto y normativas no han evolucionado a la misma velocidad, consideró.

Tal situación, dijo, ha provocado “vacíos que dan paso a que el crimen y la delincuencia organizada cometan abusos contra esta población y sea víctima constante de extorsiones por funcionarios”.

Hoy los gobiernos municipales y estatales tienen la necesidad de buscar respuestas oportunas coordinadas y acordes con las necesidades que se enfrentan en la agenda de movilidad humana, y muy particular en la de protección internacional, afirmó.