Los retos fundamentales para quien sea elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el periodo 2023-2026 serán erradicar la corrupción, trabajar de manera institucional buscando el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y no convertirse en aval de proyectos partidistas, como ha ocurrido en años recientes, señalaron los juristas José María Soberanes Díez y Epigmenio Mendieta Valdés.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) requiere un titular fuerte, incuestionable y alejado del quehacer político para impulsar el pleno apego al derecho en cada una de las resoluciones que se dicten, consideraron.

Existe, coincidieron los especialistas en derecho, “la necesidad de reformas que posibiliten un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, que las resoluciones no tengan ‘intenciones de agradar al poder’ o a grupos de interés y se generen criterios unificados para evitar que casos aparentemente ya resueltos se transformen de un día para otro. Se requiere que las sentencias sean más transparentes”.

En entrevista con La Jornada, ambos juristas también señalaron que el nuevo presidente de la Corte debe trabajar de manera colegiada con sus pares, no ser contestatario con los críticos de sus decisiones. Quien llegue al cargo debe trabajar de manera institucional con el Poder Ejecutivo y con quien suceda al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El sucesor del ministro Arturo Zaldívar “debe ser consciente de que se trata de un cargo que tendrá un papel transexenal”.

Soberanes Díez consideró que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que abarcó la gestión del ministro Luis María Aguilar, “se difundieron muchos escándalos presuntamente relacionados con malos manejos dentro del PJF, y todavía no se terminan de resolver, pues hay investigaciones en curso.

“Después vino Arturo Zaldívar, con su política de combate a la corrupción. Fue una gestión de claroscuros: se llevó a cabo una reforma judicial importante, pero insuficiente. Se ha criticado que fue una administración demasiado personalista, y todo se desarrolló alrededor de su cargo.

“La nueva presidencia debe trabajar de manera colegiada en los grandes asuntos de justicia que requiere el país. La gestión hacia el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es muy importante, ya que ahí está el gran tema de la justicia cotidiana.

“Si bien el cambio de jueces y magistrados ha beneficiado socialmente en cuanto al combate de la corrupción, en los juzgados y tribunales se imparte la justicia cotidiana, la que toca a todos los mexicanos.”

Para Mendieta Valdés, “el reto más importante que tendrá quien dirija la Corte será mantener la independencia del PJF. La cercanía partidista es algo que se ha cuestionado a los integrantes de esta institución, y se debe mantener una situación de institucionalidad y verdadero equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Así todo se hará con apego a la Constitución y no a los intereses de las corrientes políticas en turno.

Nepotismo, el principal problema

“El principal problema que se detecta en la operación de los juzgados y tribunales es el nepotismo, pero a ello se suman dos problemas más: las resoluciones se emiten aparentemente con intenciones de agradar al poder y sus sentencias no son transparentes.

“Los juzgados y tribunales deben convertirse en órganos más cercanos a la ciudadanía. También se debe garantizar que las sentencias emitidas por los integrantes del PJF no sean motivo de persecución o escarnio por parte de quienes no se ven favorecidos.”

El próximo lunes, en un escenario inédito, los integrantes de la Corte definirán quién presidirá el máximo tribunal durante los próximos cuatro años. Esta elección revelará la tendencia que podría asumir el PJF en cuanto a los litigios constitucionales contra los proyectos del actual gobierno federal, que deberá resolver el máximo tribunal en los meses siguientes.

Entre los casos más destacados se encuentra el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el etiquetado frontal en los alimentos industrializados.

La perspectiva es que los ministros elijan al sucesor de Arturo Zaldívar como máximo en la tercera ronda de votación, señalaron integrantes del pleno del máximo tribunal, quienes consideran que será “una sesión con características extraordinarias, ya que deberá superar intereses externos que buscan afectar la imagen de autonomía e integridad del PJF”.

Para algunos ministros consultados –que solicitaron el anonimato–, esta elección “es algo sin precedente, ya que por primera ocasión se ha puesto en duda la honorabilidad de uno de los aspirantes (la ministra Yasmín Esquivel Mossa), sin que exista un dictamen definitivo respecto de la validez de su grado académico de licenciatura”.

Por lo tanto, indicaron las fuentes consultadas, “se debe realizar la elección sin presiones y atendiendo cada uno de los ministros a sus consideraciones personales respecto de los proyectos presentados”.

Para algunos de los integrantes del máximo tribunal, será una elección entre dos visiones de la impartición de justicia desde el más alto tribunal: una, cercana a viejas corrientes partidistas; la otra, a la administración en curso.

Los cinco candidatos, conforme a la fecha en que fueron elegidos por el Senado como ministros, son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa.

Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán ya han competido por la presidencia de la Corte en anteriores procesos, sin conseguir la designación. Esta también será la última contienda en que pueden participar, ya que su nombramiento dura 15 años y fueron designados por el Senado en 2012.

En tanto, Laynez Potisek, Piña Hernández y Esquivel Mossa tendrían dos oportunidades más, ya que su nombramiento fue en 2015 para los dos primeros y la tercera en 2019.

Los integrantes del máximo tribunal consultados respecto de esta elección descartaron que la sucesión pudiera llegar a múltiples votaciones, como ocurrió en 2015, cuando Luis María Aguilar requirió 32 rondas para ser electo.

Algunos entrevistados señalaron la posibilidad de que alguno de los cinco aspirantes a dirigir el PJF en el periodo 2023-2026 decline antes de que se inicie públicamente el proceso. Ello ya ocurrió en 2015, con Gutiérrez Ortiz Mena.