A cuatro años del actual gobierno continúa pendiente la atención del rezago agrario, y se estima en alrededor de 500 los conflictos que afectan a 352 núcleos agrarios. A causa de la pandemia de covid-19 se detuvieron los procesos en el Registro Agrario Nacional y la dirección de ordenamiento de la propiedad rural, señaló el movimiento campesino, indígena y afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI.
Indicó que siguen sin trámite expedientes de acuerdos suscritos entre los campesinos y la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, lo cual ha impedido la regularización a favor de los legítimos poseedores de los predios rurales que están en proceso de titulación.
Durante el periodo de 1992-2020 los Tribunales Agrarios recibieron un millón 89 mil asuntos, de los cuales se concluyó 96 por ciento, y continúan pendientes 47 mil 788 de ellos. Del total de los asuntos recibidos durante este periodo 22 mil 785 corresponden al Tribunal Superior Agrario y de éstos se concluyeron 22 mil 585, mientras un millón 66 mil fueron turnados a los Tribunales Unitarios Agrarios, que han resuelto un millón 19 mil, indica el estudio Política de Desarrollo Agrario en México 2020-2024, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.
El movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, integrado por organizaciones campesinas, indica que hay consideración discrecional, falta de atención en las representaciones estatales y desconocimiento profundo sobre el marco jurídico agrario en la dependencia encargada ahora, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Agregó que sumado a ello, la acción de la delincuencia organizada contra la sociedad rural campesina lleva al despojo de la la tierra, roban el ganado, hace cobros de “derecho de piso” de parcelas con alto valor por sus productos, hay secuestros, desaparición de dirigentes campesinos. Todo esto se ha vuelto cotidiano y termina por socavar y desalentar las actividades productivas y generadoras de valor en el campo mexicano, indicó.
Manifestó que se requiere un modelo alternativo al modelo neoliberal que llevó a los campesinos al fracaso y a la pérdida de autosuficiencia alimentaria. Consideró que se debe “convocar a un gran proceso nacional de denuncia y de exigencia para que las instituciones que tienen que ver con el tema agrario y productivo, así como, los aparatos de seguridad, funcionen correctamente y se diseñen mecanismos que promuevan la reconciliación con el Estado para atender la violencia, el rezago agrario y el impulso productivo”.
