El país es, “por 14 años consecutivos, uno de los más peligrosos para ejercer el sacerdocio”, según el Reporte de incidencia de la violencia contra ministros, religiosos y laicos de la Iglesia católica en México, hecho por el Centro Católico Multimedial (CCM).
El análisis documenta las agresiones ocurridas desde 1990 a 2022, lapso en que 63 religiosos y nueve laicos fueron asesinados; en lo que va del sexenio suman siete víctimas.
Las administraciones con más clérigos privados de la vida son las dos anteriores a la actual. Entre 2007 y 2012 fueron asesinados 18 religiosos y entre 2013 y 2018 sumaron 23. Agrega que en 2022 ocurrieron “cerca de 800 extorsiones, amagos y amenazas contra sacerdotes, principalmente los motivos de estos delitos están vinculados a fraudes y apropiación ilícita de recursos de las víctimas necesarios para el ejercicio de su ministerio”.
El estudio detalla que este año destacaron las denuncias públicas de obispos que señalaron que “fueron impedidos en su derecho de circulación por retenes del crimen organizado”; entre ellos estuvieron José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y los Sigifredo Noriega Barceló y Rafael Sandoval Sandoval, de Zacatecas y Autlán, respectivamente, quienes manifestaron haber sido detenidos.
Pagan derecho de piso
El CCM reporta además que algunas organizaciones criminales “exigen derecho de piso a los párrocos, y que las cuotas podrían ascender a la mitad de las colectas que se recaudan, producto de fiestas patronales que son una fuente principal de recursos para muchas parroquias y comunidades católicas”.
Entre 2018 y 2022 se registran alrededor de “24 agresiones semanales a templos y comunidades católicas” y entre éstas figuran los robos de bienes, hurto de alcancías y “la apropiación de objetos que se estiman valiosos, entre los que se encuentran los del patrimonio cultural”.
En ocasiones, esos hurtos ocurren “con violencia a fieles, contra encargados del cuidado a templos y sacerdotes”; también ha habido “ataques con fines de profanación y agresiones directas a sacerdotes y líderes de comunidades católicas y asesinatos perpetrados contra clérigos por diversas causas, predominando las derivadas de sus acciones pastorales, seguida por el robo”, entre otras.