En el cuarto año de la Cuarta Transformación tuvieron lugar importantes batallas legislativas y judiciales para avanzar en la construcción del marco legal que requiere el nuevo país. La primera de ellas fue la reforma eléctrica, orientada a recuperar la soberanía nacional y el carácter central del Estado en generación. Si bien la modificación constitucional fue torpedeada por la sobrerrepresentación de la reacción oligárquica en el Congreso, se logró en cambio la declaración de constitucionalidad de las modificaciones a la ley secundaria que había sido impugnada en los tribunales por los intereses corporativos de las trasnacionales energéticas y sus operadores locales. Con ello es posible avizorar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que fue tratada por los gobiernos anteriores como una ruina estorbosa que era preciso demoler para repartir el pastel de la generación eléctrica entre jugadores privados adeptos al viejo régimen.
Se consiguió asimismo mantener –en el rango constitucional– la tutela de las fuerzas armadas sobre la Guardia Nacional, paso fundamental para la consolidación de este organismo, creado por el actual gobierno para establecer una policía nacional de proximidad, con presencia nacional y orientada a la prevención y combate al delito. La Guardia Nacional dota a la autoridad federal de un instrumento irrenunciable para hacer frente a la inseguridad y la violencia en todo el territorio. Sería inexacto decir que cubre el hueco que dejó la extinta Policía Federal, toda vez que ésta, ineficiente, insuficiente y corrupta, nunca lo llenó.
En el año que está por terminar se inició también la lucha por la democratización y la racionalización de los organismos electorales y del régimen de partidos, los cuales permanecen hasta la fecha como bastión de lo que se llamó Pacto por México y que ahora se presenta en las elecciones como Va por México: una coalición inescrupulosa de partidos que no tienen más horizonte que destruir la 4T y que se conforman al menos con estorbarla hasta donde les sea posible. El resultado de esta lucha sigue pendiente y será en 2023 cuando se determine hasta qué punto será posible avanzar en ella.
La conclusión ineludible de estas tres batallas es que, para proseguir sin tropiezos mayores y seguir construyendo una institucionalidad consagrada a resolver las necesidades mayoritarias y no los intereses minoritarios, los partidos que respaldan el proceso transformador deberán conseguir mayorías calificadas en ambas cámaras en las elecciones de 2024: la 4T ha debido jugar con las reglas del viejo régimen y para cambiarlas es necesario actuar dentro de sus límites. De poco sirve que las reformas propuestas por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador tengan en las encuestas el respaldo de 70 o 80 por ciento de la ciudadanía, si una minoría legislativa es capaz de vetarlas.
Desde luego, los saldos de 2022 no se quedan en las escaramuzas en el Senado ni en San Lázaro. Mientras éstas ocurrían, los programas sociales han seguido avanzando, se ha ido a fondo en la recuperación salarial, se ha consolidado la postura soberana de México en la escena internacional, con el retorno a los principios rectores de la política exterior de Estado, ha proseguido la lucha contra la corrupción y se han registrado pasos positivos –insuficientes, pero relevantes– en la reconstrucción de la seguridad pública y los sistemas públicos de educación y de salud.
En el año que está por empezar se realizarán elecciones en los estados de Coahuila y México. En el primer caso, el principal adversario de la 4T tal vez sea la tendencia a las pugnas internas y no la coalición de la derecha reaccionaria; en el segundo, cabe confiar en que la alianza oficialista sea capaz de desplazar al priísmo en el más jurásico de sus bastiones; 2023 será también el año en el que los grandes proyectos de desarrollo regional entrarán en pleno funcionamiento y es evidente que ello dará un impulso renovado a la causa de la transformación.
La derecha oligárquica, por su parte, intensificará su discurso machacón: el país está en vías de destrucción, que la economía está devastada y que se ha instaurado una dictadura. Buscará también sorprender a la opinión pública con “revelaciones” escandalosas como aquel inocuo dato de que una nuera del Presidente alquiló una casa en Houston, el de los dos marinos desaparecidos que no eran escoltas del senador José Narro o las filtraciones de Guacamaya, que desaparecieron en su propia intrascendencia.
Pero en estos cuatro años la sociedad mexicana ha asistido a un curso intensivo de información y concientización, y es de dudar que los espantajos de la oposición tengan algún efecto.
Feliz Año Nuevo.
Twitter: @Navegaciones
