El robo de 26 documentos de los depósitos del Archivo General de la Nación (AGN) y puestos a la venta en Estados Unidos habría ocurrido entre 1985 y 2017, informó la institución.
La recuperación este año de 17 bienes documentales es una situación emblemática porque es la primera vez que se logró repatriar documentos en la historia del archivo, destacó Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos de la institución, en entrevista con La Jornada.
Con relación a la nota publicada ayer en este diario, el AGN sostuvo que el número de sustracciones identificadas “está lejos de constituir un ‘saqueo’”.
Reiteró que hasta el momento no hay investigaciones concluyentes sobre los robos, pero “no se descarta que haya podido ser cualquier persona con acceso a los depósitos o a la consulta documental, de ahí que se mencione que son potenciales sospechosos tanto personal operativo con acceso a depósitos, como directivos o investigadores”.
El organismo consideró que hasta el momento no se puede hablar de la existencia de “una red de traficantes”, pero se congratuló de que “por primera vez ha logrado una sólida vinculación con autoridades estadunidenses, cancillería mexicana y con la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental de la nación”.
Nueva área para combatir el tráfico
En una nota informativa del archivo se difundió que este año “por primera vez en su historia el AGN conformó un área exclusiva para el combate al tráfico ilícito de documentos históricos: la Subdirección para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental”.
El texto confirmó que esa subdirección trabaja en el proceso de recuperación de nueve documentos con valor histórico y otro está asegurado por autoridades estadunidenses. Adelantó a este diario que un documento más será repatriado en los primeros días del año próximo.
El texto consigna que el AGN liberó de forma total “la consulta de los documentos que produjo la extinta Dirección Federal de Seguridad, que fueron transferidos en febrero de 2002 a la institución, pero que se mantuvieron bajo control del Centro de Investigación y Seguridad Nacional hasta enero de 2019”.
Desde esta fecha, “el AGN comenzó su proceso de descripción y liberación. En consecuencia, desde el 20 de febrero de 2020 estos documentos pueden ser consultados por cualquier persona de manera irrestricta y se cuenta ya con la descripción e instrumento de consulta de tres de las series documentales que lo conforman”.
Desde la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, en 2019, el AGN asumió mayor autonomía para encabezar la implementación de esta norma y atender a los “sujetos obligados” (instituciones que reciban fondos públicos o realicen actos de autoridad), que se incrementó de 300 a más de 12 mil en todo el país.
Sin certeza del contenido
Al iniciar en 2018 la actual administración del AGN se encontró, dice el informe, que 60 por ciento de su acervo documental no estaba descrito cabalmente y, por ende, “no se tenía certeza absoluta sobre la información que contenían”, como informó ayer este periódico.
El texto difundido consignó que la última acción de preservación de los documentos había ocurrido hace 25 años, que abarcó apenas 100 metros lineales de un total de 54 mil que conforma el total del acervo. Menos de uno por ciento de documentos históricos se encontraban digitalizados.
Desde entonces, consigna el texto emitido por el AGN, se han emprendido “proyectos masivos de descripción, conservación y preservación de documentos, lo que ha desembocado en el aumento de 77 por ciento en la capacidad de descripción”; se ha duplicado la digitalización y se incrementaron más de cinco veces las acciones de conservación preventiva y de restauración.
