En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público logró restructurar el pago del servicio de la deuda en 2025, de modo que en ese año el país pagará la mitad de los intereses anuales que deben cubrirse actualmente.

El anuncio es de gran relevancia en dos dimensiones. Por un lado, la reducción de los elevados montos que México debe destinar año con año al servicio de la deuda habrá de traducirse en mejores condiciones para consolidar la estabilización de la economía nacional que se ha conseguido en el último cuatrienio y en un sector público con mayores márgenes para propiciar el bienestar de la población, mantener el ritmo de creación de infraestructura e impulsar la inversión privada.

Adicionalmente, la renegociación de los pasivos nacionales, aunada a la política de austeridad y el combate a la corrupción y a la evasión fiscal que se han aplicado en estos cuatro años, tiene una faceta positiva en el ámbito institucional, en la medida en que es previsible un escenario en el que el actual gobierno deje al que lo suceda en 2024 una situación más tersa y consolidada en la esfera de las finanzas públicas, con estabilidad cambiaria y una economía en crecimiento, y que ello contribuirá a reducir las tensiones y turbulencias políticas consustanciales a un cambio de administración federal.

La ventajosa circunstancia anunciada ayer por el mandatario debe aquilatarse como parte de una estrategia económica que, de acuerdo con los indicadores, e incluso en el contexto de los graves tropiezos mundiales que han implicado la pandemia de covid-19 y el conflicto en Ucrania, ha resultado positiva para el país y sus habitantes. Es lamentable que las animadversiones políticas hacia el proyecto del gobierno en curso se traduzcan en descalificaciones en este ámbito, en el que los resultados están a la vista: reducción del desempleo, incremento sin precedente de los salarios, fortalecimiento del mercado interno, confianza en el país como destino de la inversión extranjera, estabilidad cambiaria y solidez de las finanzas públicas y avances en materia de soberanía energética y alimentaria; todo ello, en el contexto de una reorientación del gasto público para atender las necesidades más urgentes de los sectores mayoritarios de la población.