Lima. El ex presidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una prisión preventiva por 18 meses tras ser destituido, dijo ayer durante una audiencia de apelación que es víctima de una “venganza política” de sus adversarios y culpó al actual gobierno por las muertes en las recientes protestas, que ya suman 28.

Castillo, quien habló al final de una audiencia de apelación, negó una vez más las acusaciones en su contra de “rebelión y conspiración”, tras su fallido anuncio el 7 de diciembre de querer cerrar el Congreso y reorganizar el sistema judicial.

“Esta injusta prisión preventiva que se ha impuesto sólo ha servido para polarizar a nuestro país; todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”, afirmó Castillo en una videoconferencia con los integrantes de la sala de apelaciones.

El ex mandatario está recluido en el pequeño penal de Barbadillo, dentro de una base policial, en un distrito al este de la ciudad de Lima. Tras su expulsión, asumió el poder su vicepresidenta, Dina Boluarte.

La destitución de Castillo por el Congreso dominado por la oposición provocó una ola de protestas en el país, que en casi dos semanas han dejado al menos 28 muertos tras choques con la policía y el ejército, luego de que el nuevo gobierno decretó un estado de emergencia.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie”, señaló Castillo. “Quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, con un saldo de más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”.

Tras la audiencia, en la que participaron la fiscalía y el abogado del ex mandatario, el juez César San Martín, presidente de la sala suprema penal permanente, manifestó que el tribunal iniciará un debate interno para resolver “inmediatamente” la apelación de Castillo.

Más tarde, el depuesto mandatario tuiteó: “Jamás he cometido delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este gobierno tiránico que ha acabado con la vida de mis 28 hermanos peruanos”, enumerando a 20 desa­parecidos y más de 200 heridos.

Castillo se defendió afirmando que no ha cometido el delito de conspiración, acusando a “aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) presidencial y otras artimañas”.

En esa red social, señaló que su familia, actualmente asilada en México, tuvo que tomar esa medida porque “corría peligro no sólo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas”, y afirmó que se quedará en Perú para enfrentar cualquier proceso judicial, pues tiene “la verdad de su lado”.

Denunció que hasta el momento, desde su detención el pasado día 7, habría estado incomunicado, sin acceso a un teléfono para ponerse en contacto con su familia, por lo que rogó a los jueces supremos que reflexionen sobre “cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto, sólo ha servido para polarizar nuestro país, el cual requiere reconciliarse sobre la base de la justicia. Todo lo que se viene haciendo en mi contra es parte de una venganza política, orquestada por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático”, agregó.

En ese contexto, el ministro de Justicia, José Tello, informó que la presidenta Boluarte no asistirá a la transmisión de mando del presidente electo de Brasil, Lula da Silva, a realizarse este domingo primero de enero. “Porque estamos atentos al debate que se viene dando en el Congreso en torno al proyecto de resolución legislativa que hemos presentado”, afirmó Tello en rueda de prensa desde Lima.

El proyecto al que alude el ministro se trata de la propuesta presentada por el Ejecutivo para que el Congreso apruebe de manera definitiva el adelanto de elecciones generales.

La presidenta Boluarte, al haber asumido el poder como sucesora del ex presidente Castillo, no cuenta con ningún vicepresidente que asuma su despacho cuando salga al extranjero.

Esto ocasionó protestas en sectores políticos luego de que el Ejecutivo contemplara la posibilidad de que la mandataria abandone el país dejando la presidencia en manos del titular del Congreso, José Williams, una iniciativa aún en debate, y cuestionada por un sector de especialistas que consideran que rompería el equilibrio de poderes al fortalecer al Legislativo.

Para salir del país, la gobernante debe resolver quién se encargará de su despacho en su ausencia. La Constitución da ese rol al vicepresidente, pero no hay nadie en ese puesto. Ante eso, presentó el proyecto para que el presidente del Congreso asuma dicho encargo.

La víspera, la canciller peruana, Ana Gervasi, adujo que la presidenta peruana buscaba visitar otras naciones para sumar respaldo internacional y aclarar dudas “que pueden tener algunos países respecto a lo que sucedió constitucionalmente en Perú” sobre su ascenso al gobierno tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, el 7 de diciembre último.