El Archivo General de la Nación (AGN) investiga cuatro casos a partir de los cuales se van a desarrollar los criterios de protección del patrimonio documental de México, pues aunque las leyes vigentes en torno a los documentos históricos del país son suficientes, falta que los jueces establezcan precedentes legales claros (jurisprudencia) sobre “qué está protegido y qué no”, informó Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos de la institución.

En entrevista con La Jornada, el funcionario lamentó que en el AGN “durante muchísimos años no se hizo un trabajo de registro y descripción de los documentos que se tienen y, por lo tanto, ¿cómo vamos a acreditar que un bien nos fue robado?”

El primer asunto en el que se trabaja, el Caso M, se refiere a una importante casa de subastas en la Ciudad de México que puso a la venta en septiembre de 2020 documentos entre los que destacó uno firmado por Miguel Hidalgo. En esa ocasión, se obtuvo el resguardo de más de 250 hojas distribuidas en 75 lotes.

Otro caso es el denominado Hospital de Jesús, en el que ya se estableció el robo de documentos del AGN. En este asunto colaboraron con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya que los bienes estaban por ser vendidos en Estados Unidos. La ayuda e información de una investigadora española, añade Palafox, fue valiosa para “persuadir a las autoridades estadunidenses de que eran documentos sustraídos de nuestro archivo y los legítimos propietarios dijeron que lo más sano era no seguir en la disputa”. De los 26 documentos involucrados, 16 ya fueron repatriados y uno está por llegar al país.

El tercer caso es el llamado Reglamento de Californias, en el que se identificó que habían desaparecido las cinco copias que se encontraban resguardadas en el AGN. “Aquí pudimos identificar el modus operandi de los coleccionistas y las personas que sustraen documentos de los depósitos de la institución”, explica Palafox.

“Uno de estos cinco documentos ya está en el archivo. El asunto se resolvió a través de conciliación de la SRE, en conjunto con las autoridades de justicia estadunidenses.”

Caso inédito

El cuarto precedente es inédito. Involucra un documento firmado por Hernán Cortés que México considera patrimonio documental de la nación, el cual fue robado hace tres décadas y se ofertaba en una casa de subastas en Massachusetts.

El jurista narra que es la primera vez que, en el ámbito internacional, se va a “lo contencioso puro y duro. Un investigador avisó de la venta en Boston, Massachusetts, al director general del AGN, quien nos instruyó que hiciéramos todo lo posible para detenerla”.

Para acelerar el proceso, en vez de recurrir a gestiones diplomáticas, se llamó en junio pasado a la línea de denuncia pública de la FBI para informar del documento robado. Palafox explica que esta vía fue necesaria para asegurar que el documento no fuera vendido y se perdiera su pista. “Teníamos que actuar en lo inmediato porque la subasta estaba a la vuelta de la esquina.

“No es una forma ortodoxa; fue muy extraña, simpática, pero al final funcionó: no habían pasado ni dos horas y ya nos había contactado la unidad de la FBI a través de la embajada de Estados Unidos en México”, instancia que asumió el caso, lo que generó un vínculo directo para la atención de este tipo de asuntos.

En ese entonces, la orden de compra del siglo XVI, firmada por Cortés, fue asegurada. Según el expediente judicial del fiscal federal de Massachusetts, fue robada del AGN antes de 1993, reportó entonces The New York Times.

Relata que tuvieron “elementos para sostener ante el procurador o ante el juez que esos documentos son nuestros. Aquí estamos hablando de un robo. Los presentamos a la FBI y con ello se pudo persuadir a la autoridad estadunidense y al dueño de la casa de subastas para que no se vendiera el documento y se retuviera”.

El caso involucra ya “tres documentos que han surgido a partir de las investigaciones. Denunciamos uno, pero las autoridades de Estados Unidos pusieron sobre la mesa otro bien y cuando el AGN realizaba análisis técnicos en los depósitos para sustentar el caso se percató de que hay más faltantes”, agrega Palafox.

Supone que aunque no han sido notificados formalmente, la persona que se ostenta como legítimo propietario del bien no aceptó la argumentación del AGN, y “todo indica que nos vamos a ir ante un juez para acreditar si ese documento fue robado o no”.