La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron en la desaparición forzada de una persona, que posteriormente fue ejecutada extrajudicialmente en Coyuca de Catalán, Guerrero, el 14 de agosto de 2020, por lo que solicitó al titular de la dependencia federal, Luis Cresencio Sandoval, que se realicen acciones encaminadas a la identificación del personal que haya ordenado y/o participado en los hechos, así como de aquellos que omitieron realizar la denuncia correspondiente.

De igual forma, que se colabore ampliamente en el seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del estado y que coadyuve en el procedimiento administrativo de investigación iniciado en el Órgano Interno de Control de la Sedena en contra de las personas servidoras públicas de esa institución que resulten involucradas en los sucesos referidos.

Según la Recomendación 82VG/2022 dirigida al titular de la secretaría, el día de la desaparición forzada de la víctima, testigos vieron a personal del 34° Batallón de Infantería de la Sedena seguirla con armas largas y cortando cartucho. Minutos después se escucharon varias detonaciones y posteriormente vieron a personal de esa dependencia a bordo de la motocicleta en que se trasladaba la persona agraviada y a ésta sentada en la parte trasera de una camioneta militar con el rostro cubierto.

Finalmente, quien presentó la queja ante la CNDH indicó que, en esa misma fecha, por la noche, el cuerpo de la víctima fue encontrado calcinado.

A partir de la revisión, análisis, estudio jurídico y valoración de las evidencias, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal de una víctima, al documentar que personal del 34° Batallón de Infantería de la Sedena fue quien la detuvo.

“Testigos declararon que tomaron nota de las placas de los vehículos oficiales en que se persiguió y posteriormente se trasladó a la víctima. También se recopilaron testimonios de quienes vieron a personal de ese Batallón trasladándose en la motocicleta que la víctima conducía antes de desaparecer”, puntualizó.

La Comisión Nacional enfatizó que la detención arbitraria y desaparición forzada de la víctima, que derivó en una privación de la vida, no sólo le afectó directamente a ella, sino a su núcleo familiar, a quienes les generó angustia y sufrimiento conforme transcurrió el tiempo al desconocer el paradero y con posterioridad al enterarse de la forma de su fallecimiento.

“Lo mismo experimentó la sociedad en general, toda vez que las personas servidoras públicas responsables de los sucesos propiciaron una falta de seguridad en el lugar de los hechos, al negar el ejercicio de todos los derechos humanos a los que tanto la víctima como su familia son acreedores”, agregó.

Por lo anterior, también solicitó a la Sedena que gestione la inscripción que corresponda en el Registro Nacional de Víctimas y se proceda a la inmediata reparación integral del daño y que imparta un curso de capacitación en el que se promueva y se aborde el uso de las herramientas establecidas en los marcos institucionales, jurisprudenciales y normativos nacionales e internacionales, relacionados con la desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias y la lucha contra la impunidad, el cual se deberá dirigir a mandos medios y superiores, así como a elementos de infantería del Batallón mencionado.