Durante 2022, la Secretaría de Gobernación ha encabezado negociaciones junto con gobiernos estatales y municipales para resolver al menos 20 conflictos sociales en 12 estados del país, que involucran a cientos de familias que han sido obligadas al desplazamiento forzado de sus comunidades.

Mientras en dos localidades se mantienen vigentes acuerdos de paz y conciliación, y a pesar de que varios de los afectados reconocen “voluntad” de las autoridades federales para avanzar, en el resto aún no hay acuerdos finales, y se mantienen en curso mesas de diálogo, asambleas y reuniones en busca de concretar resoluciones para el año entrante.

Entre los casos que intentó conciliar la dependencia federal, junto con el gobierno estatal de Oaxaca, se encuentra la petición de familias triquis desplazadas.

Desde 2021, 147 familias del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) dejaron sus hogares en Tierra Blanca, Copala, tras conflictos con pobladores integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult).

Luego de meses viviendo en distintos puntos de la Ciudad de México, y tras mesas de negociación en la sede de Gobernación, en mayo pasado se firmó un acuerdo de no agresión que permitiría su retorno. No obstante, el asesinato en Oaxaca de un dirigente del Mult provocó que un par de días antes del retorno éste se suspendiera.

Mesas de negociación

En entrevista, Horacio Santiago, integrante de la dirigencia del Multi, explicó que recientemente hubo avances importantes luego del cambio de gobierno en Oaxaca, y se concretó el regreso de las mesas de negociación en vías de resolverse el conflicto.

“De acuerdo con la información que nos han dado, hay avances en los diálogos para el retorno a Tierra Blanca y el Mult está dispuesto al diálogo. Debemos esperar las mesas para saber si se están apretando los cabos sueltos. Por parte de Gobernación, lo que sí reconocemos es la voluntad para resolver”, expresó.

La región de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, es otra de las zonas donde familias han tenido que dejar sus hogares. En junio pasado, firmaron un convenio conciliatorio para resolver el conflicto agrario que inició hace más de 40 años. De manera paralela, y tan sólo un par de meses después, se reportaron actos de violencia en esa región, y denuncias de 250 personas desplazadas ante la presencia de grupos armados.

En esa región, en Pantelhó, las discrepancias de origen electoral ha profundizado las divisiones en el municipio donde radican comunidades tseltales y tsotsiles. Como ruta de salida se conformó un Concejo Municipal en agosto de 2021, desarrollándose mesas de diálogo en este año.

En tanto, en Morelos, las autoridades federales y estatales firmaron un pacto de paz con el gobierno indígena del municipio de Hueyapan, con el objetivo de permitir el proceso de renovación de autoridades del Consejo de Gobierno Indígena Paritario, de conformidad con sus propias normas.

El pasado 20 de diciembre, la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Bravo Rangel, expuso que, en conjunto a dichos diálogos, y a raíz de la caravana de integrantes de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Nayarit, dicha Comisión y la Procuraduría Agraria coordinan trabajos para la restitución de 10 mil 500 hectáreas.

Al retomar parte del informe presentado a inicios del mes en materia de derechos humanos elaborado por la dependencia, agregó que “se trabaja en la construcción del Plan de Justicia de los pueblos wixárika, na’ayeri, mexican y o’dam, de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango”, así como en el Plan de Justicia de los pueblos yumano y Cochimí, del estado de Baja California.