Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, instó ayer a evitar que, a casi 40 años de su recuperación en este país, la democracia sea gobernada por un Estado paralelo y administrada por mafias.

Durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona, en la localidad bonaerense de Villa Corina, de la demarcación de Avellaneda, cuestionó a la Corte Suprema por emitir una medida cautelar que aumenta el porcentaje de impuestos que debe entregar el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires y aseguró que la situación generada por el tribunal ha afectado los derechos fundamentales en el país.

“No estamos ante un hecho antijurídico, sino ajurídico: es como si hubiera desaparecido el estado de derecho”, afirmó la ex mandataria (2007-2015), y recordó que su predecesor, Mauricio Macri (2015-2019), “modificó por un decreto simple” el porcentaje de impuestos que le tocaba a la ciudad de Buenos Aires, de manera que “lo que le quitó de esa porción que va a las provincias se lo dio a la ciudad de Buenos Aires”.

El actual presidente, Alberto Fernández, emitió otro decreto simple que redujo un punto porcentual los denominados fondos coparticipables que debía transferir a la ciudad, lo cual fue refrendado por el Congreso al sancionar la ley 27.606 en diciembre de 2020. En virtud de esa norma, se fijó en 2.32 por ciento la participación de la ciudad en los impuestos que administra el Estado.

“Hubo una ley que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso, sin embargo la Corte hizo caso omiso a esa ley”, cuestionó Fernández de Kirchner, acompañada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En su medida cautelar, dictada el miércoles por unanimidad, la Corte Suprema ordenó al gobierno que se abstuviera de aplicar la ley 27 mil 606. Al respecto, la funcionaria reprobó que se suspendiera esa ley cuando “el Poder Judicial sólo puede declararla inconstitucional y no aplicarla”. En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta aludió a la sentencia judicial que la condenó a seis años de cárcel y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, un fallo que todavía puede recurrir ante dos instancias judiciales.

Señaló que en su decisión de no presentarse a las elecciones generales del año que viene no hay "ni renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción”, por lo que convocó a una movilización para el 24 de marzo de 2023, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esta es la primera aparición pública de la ex mandataria desde que anunciara su renuncia a competir en los comicios de 2023.