Pío López Obrador promovió un nuevo juicio de amparo con el que busca que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) continúe con la investigación que comenzó después de la publicación de los videos en los que se observa que recibe presuntamente dinero en efectivo del ex coordinador nacional de Protección Civil David Eduardo León Romero.

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador promovió el juicio de amparo el pasado 22 de diciembre, en el cual impugnó el acuerdo del 13 de diciembre de este año mediante el que la fiscaliá especializada omitió dar respuesta a la solicitud de diligencias y el impedimento para seguir la investigación, la cual atribuyó al agente del Ministerio Público de la Federación, titular del Núcleo E, Héctor Sánchez Zaldívar.

El juzgado décimo sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México aún no admite a trámite el recurso. Dio un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación, para que Pío López Obrador precise “de manera clara, concreta y sin apreciaciones subjetivas cuál o cuáles son los actos u omisiones que pretende combatir, en el entendido que deberá indicar la fecha de su acontecer”.

Asimismo, tendrá que indicar cuál o cuáles son las autoridades que incurrieron en el acto u omisión que combate y deberá especificar si su “pretensión es combatir el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la resolución por la que se ordenó la acumulación de las carpetas de investigación, o bien la omisión del fiscal responsable de continuar investigando”.

El juez Enrique Beltrán Santes indicó que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

En octubre pasado, la FGR determinó no ejercer acción penal contra Pío López Obrador y León Romero por carecer de elementos suficientes como para llevar el caso a juicio, quienes fueron investigados por presuntos delitos electorales, tras la circulación de videos en los que se aprecia que intercambian bolsas de papel presuntamente con dinero en su interior.

La Fisel de la FGR hizo la petición en ese entonces de cerrar el caso ante el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México, mediante un escrito presentado por el agente del Ministerio Público Federal, titular de la Célula B-II-1, Héctor Sánchez Zaldívar.