Cuernavaca, Mor., En su etapa de pruebas, la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, ya dejó sin agua a la mayoría de los ejidatarios de Ayala, quienes tienen que esperar hasta un mes para el riego de sus cultivos, pero a los campesinos de municipios ubicados río abajo “ya no les llega ni gota”, denunciaron Antonia Nava Martínez y Pablo Bahena Pacheco, labriegos de Moyotepec, y Mara Franco, de Anenecuilco.

Bahena Pacheco argumentó que el río Cuautla llega a la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR); allí comienza la conexión con el acueducto que trasvasa el líquido hacia la planta generadora de energía eléctrica, “pero más abajo ya está seco, ya no hay agua, hasta ahí llega (Ayala)”.

Aseguró que la operación total de este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará sin el recurso a los de Ayala y a los ejidos del sur en los municipios de Tlaltizapán, Tepalcingo y Tlaquiltenango, lo que provocará “la muerte” de sus cultivos.

Afirmó que el caudal del río Cuautla ha disminuido 60 por ciento en los últimos 10 años “de manera natural”, ante el crecimiento poblacional, el desperdicio y las fugas del sistema municipal, y ahora se están llevando el agua para las pruebas de la termoeléctrica.

“Ya estamos viendo ejidos que subsisten con los axoxololes (lo que sale o sobra de otros ejidos y que otros núcleos vecinos logran captar o llevar a sus cultivos), pero ya no tienen agua directa, a cierta distancia de donde están las tomas para Tenextepango y para Moyotepec, o para otros cinco ejidos. “En Moyotepec tenemos una represa, pero sin agua porque ya no llega”, alertó Nava Martínez.

Otro problema para el poblado de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala (donde está la PTAR), es que dos años después de que la CFE conectó el acueducto, las aguas que la empresa estatal usa en las pruebas las vierten de nuevo al río “muy contaminadas”.

Para no seguir afectando a los 6 mil ejidatarios de este municipio, cuna de Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur, Bahena Pacheco pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que reubiquen este megaproyecto en el sur de Morelos o en el norte de Guerrero, en el río Balsas, que todo el año tiene agua, o que se cancele.

Recordó: “Es cierto que cuando llegó (a la Presidencia López Obrador) ya estaba (el proyecto). Cuando andaba en campaña prometió quitarlo (pero) al contrario, se aferró más y estamos en esa lucha”.

Antonia indicó que uno de los cereales que han dejado de sembrar es el arroz porque necesita mucha agua. Por ello, agregó, sustituirán las hortalizas y frutas por otros cultivos que requieran poco líquido, como caña de azúcar, maíz y sorgo; la siembra, obviamente, será menor.

En noviembre de 2020 la Guardia Nacional desalojó el campamento que un grupo que activistas mantenía desde 2016 en las inmediaciones del río Cuautla y de la PTAR, en el poblado de San Pedro Apatlaco. La construcción de la termoeléctrica se realizó bajo la vigilancia de las policías federal y estatal desde 2012.

Mara, Antonia y Pablo se encontraban allí. Se oponen a que las autoridades se lleven el agua que, sostienen, se otorgó mediante un decreto presidencial en 1923, “para uso agrícola”, a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), integrada por unos 6 mil ejidatarios de Ayala, Tlaltizapán, Tepalcingo y Tlaquiltenango (que están río abajo de la PTAR) y de Cuautla (aguas arriba).

Antonia calculó que se llevarán entre 30 y 35 por ciento del líquido de la PTAR para las pruebas, pero puede ser mucho más cuando la termoeléctrica funcione a toda su capacidad.

Refirió que en una visita a la PTAR cuando ya habían conectado del acueducto, no vieron medidor alguno que indicara cuánto líquido se están llevando. “Lo que sí notamos es que cada vez estamos más secos; ellos (los de la CFE) no tienen medida para llevarse el agua. Ellos pusieron el tubo y succionan lo que quieren, y si se la quieren llevar toda, lo van a hacer”, advirtió la campesina de Moyotepec, Ayala.

Detalló que la PTAR cuenta con tres rehiletes con capacidad para tratar alrededor de 630 litros por segundo, no 800 como ha sostenido “de manera mentirosa” la CFE.

Tandeo para cultivos

Mara Franco, del ejido Anenecuilco, donde nació Emiliano Zapata, recordó que antes regaban de acuerdo con las necesidades de la planta una semana o cuatro días; pero ahora no, “aunque la necesite estamos por tandeos. Es dramática la reducción de agua. Si usamos (el líquido) sin autorización (de Asurco) nos multan. Buscamos turno y esperamos a que nos toque.

–¿Cada cuando les dan agua para sus cultivos?

–De 20 a 30 días; así se dan los tandeos –recalcó Mara.

También han resultado afectados cientos de jornaleros que venían de comunidades marginadas e indígenas de Guerrero, Oaxaca y Puebla a trabajar hasta dos temporadas por año.

A pesar de que aún no funciona completamente, la termoeléctrica “ya acabó con la vida comunitaria, ya que ahora están los que defienden el agua, por un lado, y por el otro los que están a favor de este proyecto, pese a que ya vieron que los va dejar sin agua para sus cultivos”, lamentó la familiar de Emiliano Zapata.

Samantha César, integrante del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala en Defensa de la Tierra y el Agua, destacó que la advertencia de que el Proyecto Integral Morelos (PIM) acabaría con el agua, la vida campesina, el medio ambiente de Morelos y los pueblos donde se construyen las obras, se está cumpliendo a 10 años de haberse iniciado las obras.

En agosto de 2012, la Secretaría de Desarrollo Económico de Morelos informó que el PIM incluye dos centrales eléctricas de ciclo combinado, de 620 megavatios cada una (en Huexca, municipio de Yecapixtla), así como un gasoducto de 150 kilómetros de largo y 30 pulgadas de diámetro para transportar el gas desde instalaciones de Pemex a las centrales en Amilcingo, municipio de Temoac, .

La tubería cruzará Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica de 20 kilómetros llegará a la subestación de Yautepec, y en Ayala habrá un acueducto de 10 kilómetros de longitud y 20 pulgadas de diámetro procedente de Cuautla.

“El daño ambiental ya está, por ejemplo, en Huexca”, también hay afectaciones a la salud de los pobladores, que tuvieron que soportar más de 100 decibeles del ruido de la termoeléctrica cuando se iniciaron las pruebas.

La ambientalista, al igual que los campesinos, exigió al gobierno federal cancelar los trabajos y resarcir el daño que ha provocado a los pueblos y a los defensores del medio ambiente, además de justicia para el activista Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019.