Ciudad Juárez, Chih., Alrededor de dos kilómetros y medio del bordo del río Bravo, del lado estadunidense, fueron cercados con alambre de púas por elementos de la Guardia Nacional, como ordenó el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien trata de impedir la entrada de migrantes que solicitan asilo político en Estados Unidos.

La alambrada, que instalan alrededor de 400 uniformados desde el 20 de diciembre, se suma al muro metálico de tres metros de altura que fue construido durante la administración del entonces presidente Donald Trump.

El cerco se inició a orillas del río Bravo, en los límites de las localidades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez, el principal lugar por donde cruzan indocumentados, y actualmente termina frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Los efectivos estadunidenses, armados y a bordo de vehículos blindados, se colocaron en puntos estratégicos para evitar la entrada de extranjeros.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, consideró un exceso la alambrada y el despliegue de tanquetas.

El gobierno de Texas informó que las tropas fueron enviadas el 21 de diciembre desde el Ala de Transporte Aéreo 136, en Fort Worth, de donde salieron cuatro aviones de carga C-130J que trasladaron soldados y equipo a El Paso, “como parte del esfuerzo mejorado de seguridad fronteriza del gobernador”.

En tanto, el gobierno de Joe Biden advirtió que las deportaciones exprés continúan con base en el Título 42, el cual sigue vigente.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que “los venezolanos que intentan ingresar a Estados Unidos también son deportados a México y se les excluirá del Proceso de Ejecución de Migración de Venezuela, anunciado en octubre”. Agregó: “Independientemente de la nacionalidad, cualquier persona que intente ingresar sin autorización está sujeta a expulsión según el Título 42”.

La dependencia afirmó que todos los que no puedan ser expulsados serán sometidos a un juicio expedito y deportados; asimismo, podrían ser sujetos de una prohibición de entrada durante cinco años, de acuerdo con el Título 8.

“Dado que las temperaturas siguen siendo peligrosamente bajas a lo largo de la frontera, nadie debe poner su vida en manos de los contrabandistas o arriesgar su integridad física intentando cruzar sólo para ser devuelto”, concluye.