Aunque con algunas diferencias y retrasos en la respuesta de la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra sucia entre 1965-1990 ha obtenido “avances e información inéditos” con el ingreso a las instalaciones y acceso a los archivos militares. “Hasta ahora se han cumplido las expectativas de lo planeado” y ha habido una razonable colaboración gubernamental y militar”, afirma el integrante de la comisión David Fernández.

Fernández hace un balance del desempeño de la comisión, en el que destaca especialmente que han logrado consolidar la confianza con los colectivos de víctimas, como se corroboró en la primera audiencia pública que realizaron en Chilpancingo, Guerrero, donde la asistencia superó la estimada originalmente; por lo tanto, para 2023 se perfilan nuevas audiencias públicas cada dos meses en las entidades que fueron más sacudidas por la guerra sucia: Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco y nuevamente Guerrero, porque fue la entidad donde más se recrudeció.

Al concluir el primer año de actividad operativa, Fernández reconoció en entrevista que la renuncia de Aleida García Aguirre a la comisión, en septiembre pasado, obedeció a diferencias en la organización y la logística, además de ser una llamada de atención en el seno de la comisión y en la parte gubernamental para superar estas complicaciones. “Aunque extrañamos sus aportes”, destacó que se ha podido reacomodar el trabajo para continuar la tarea.

El año ha sido productivo porque se definió con claridad la planeación –que ya comenzó a instrumentarse– y se cuenta con la ruta hasta concluir el sexenio, cuando concluye el mandato. Se tienen 12 contextos por entidad sobre las violaciones graves a derechos humanos, a partir de los cuales empezó el desarrollo de la investigación testimonial y documental con el histórico ingreso al Campo Militar número 1, así como al archivo de concentración de la Sedena, de lo que derivó un conjunto de visitas a instalaciones castrenses y la revisión de sus registros.

La comisión detectó que, en algunos casos, en las zonas militares no se halló la documentación correspondiente a esos años, por lo que se indaga si se destruyó o si se trasladó al archivo de concentración. Por ahora, “no la hemos dado por perdida del todo”, acota al referir que en esos años la legislación no obligaba a preservarlos. También, dijo, se indaga la forma en que se construyó y organizó el archivo militar para sistematizar la información, además de recrear la cadena de mando en ese periodo y un organigrama del Ejército.

Fernández destacó que no se han concentrado sólo en investigar los expedientes castrenses, sino que se revisó en el Archivo General de la Nación toda la documentación relacionada con la Dirección Federal de Seguridad y se ha tenido acceso a algunos fondos privados para determinar si tienen información que aporte a los objetivos de la comisión.

En su consideración, en el avance para esclarecer las violaciones graves, ha sido fundamental la confianza que han tenido los colectivos de víctimas que se han acercado a la comisión para contar sus historias. Sin lugar a dudas, añadió, uno de los hechos más relevantes en este proceso fue el ingreso de estos colectivos al Campo Militar número 1.