La comisión legislativa que durante más de un año investigó los eventos del 6 de enero de 2021 encontró culpable a Donald Trump de ser el principal instigador de una intentona de golpe de Estado en esa trágica fecha. No fue una gran sorpresa, tomando en consideración las abundantes pruebas que el comité encontró en torno a la responsabilidad del entonces presidente cuando alentó a decenas de patibularios para asaltar el Capitolio, donde sesionaba el Congreso para declarar oficialmente a Joseph Biden presidente de Estados Unidos. Fue un hecho insólito, pero aún más significativo fue que los hechos sucedieran bajo el impulso y la dirección del presidente, saboteando las más elementales reglas de la democracia estadunidense. Así quedará registrado en los anales de la historia de ese país.

Lo que no está del todo claro es si el dictamen político de la comisión legislativa tendrá algún efecto jurídico. Tal vez la principal fuente de escepticismo provenga del propio Departamento de Justicia, donde decenas de abogados deliberan sobre la pertinencia y las bases jurídicas con las que se debe proceder para llevar a juicio al ex presidente. Se da por sentado que, en último término, quien deberá tomar la decisión es el abogado general de la nación, como responsable del Departamento de Justicia, no el presidente, quien ha demostrado un respeto irrestricto a la autonomía de esa rama del gobierno. Pero, si bien la independencia del abogado general de la nación facilita un proceso independiente en la aplicación de la justicia, también pone en entredicho los deseos de muchos que han invocado que se aplique el castigo que a su parecer merece Trump. La complicación estriba en los infinitos y barrocos medios de los que la defensa puede echar mano para complicar y alargar durante años un proceso que desde ahora se estima muy complejo.

En el plano jurídico, los cargos en contra del ex presidente van más allá de los que se derivan de su actuación el 6 de enero. Hay una docena más de acusaciones sobre su responsabilidad y la de su familia relativas principalmente al fraudulento manejo de sus empresas, incluido el pago de impuestos. En este terreno existe alguna posibilidad real de ver a Trump vestido de naranja, color del uniforme que usan quienes pagan una condena en las prisiones federales. Toda esta trama podría quedar congelada a raíz de la promesa de quien a partir de enero encabezará la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que ha prometido desechar todas las impugnaciones en contra de Trump y sus aliados.