Desde 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 65 recomendaciones debido a graves violaciones a derechos humanos por actos de tortura, detención ilegal, violencia sexual y desaparición forzada, entre otras, principalmente a autoridades como la Fiscalía General de la República, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Marina y la de Defensa Nacional. No obstante, más de 72 por ciento de dichos instrumentos son de casos que datan de 1994 a 2018.
Al revisar las recomendaciones de la CNDH, se observa que éstas han sido dirigidas por actos cometidos en 22 estados de la República, pero sobresalen Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.
De acuerdo con información del organismo autónomo, las recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos surgen con la finalidad de proteger y defender las garantías fundamentales, “en aquellos casos en los que no es posible obtener otra forma de solución en favor de los quejosos o las personas agraviadas”.
Cabe puntualizar que si bien la mayoría de los instrumentos que han sido emitidos durante el periodo citado son de casos que sucedieron en sexenios anteriores, esto se debe a que en muchas ocasiones los agraviados presentaron sus quejas entre 2019 y 2022.
Entre las recomendaciones que la CNDH ha emitido desde 2019, hay algunas dirigidas a gobernadores y ex gobernadores, destacando el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue mencionado en instrumentos relacionados con el hallazgo en 2011 de fosas clandestinas en San Fernando, otra por desaparición forzada en 2018 y por dilación e irregular integración de las carpetas de investigación en agravio de migrantes en 2019.
Las recomendaciones que se han dirigido por actos cometidos en el actual sexenio son 15, de éstas seis en 2020. Entre las autoridades federales señaladas, predominan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y la de la Defensa Nacional.
Tortura en el Cereso de Apodaca, Nuevo León
Por uso excesivo de la fuerza y actos de tortura a consecuencia de las inadecuadas condiciones de habitabilidad que existen en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 Norte, en Apodaca, Nuevo León, así como otras violaciones al derecho a la seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia y a la verdad en agravio de los internos, la CNDH emitió una recomendación al gobernador de ese estado, Samuel García.
Indicó que tras una visita al Cereso, el 19 de septiembre pasado, se corroboró sobrepoblación, hacinamiento y que persiste la falta de actividades, debido al escaso personal de seguridad y custodia, así como de atención médica por el poco personal de salud.
En la Recomendación 232/2022, la CNDH expuso que en dicho centro las autoridades responsables fueron omisas al no atender factores e irregularidades prexistentes que inciden negativamente en la vida diaria de las personas privadas de la libertad y que se traducen en una vulneración al trato digno. Tales problemáticas, señaló, desencadenan incidentes como los del 7 y 8 de enero pasado, cuando si bien los reos ocasionaron disturbios en forma violenta, “también queda claro que las autoridades hicieron un uso excesivo e indebido de la fuerza que derivó en actos de tortura en agravio de 12” presos.
Frente a este contexto, la CNDH instó al gobierno de Nuevo León que realice acciones “para no seguir violentando los derechos humanos a la reinserción social, a la protección a la salud, trabajo y capacitación, a la educación, al deporte y a la vinculación con el exterior”, así como que se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guardan la seguridad y la gobernabilidad.
Con información de la Redacción
