Lima. Al menos dos heridos dejó ayer el desalojo de una planta de gas en el sur de Perú, en el que más centenar de personas se manifestaban contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, informaron las fuerzas armadas.

La expulsión de los manifestantes del campamento gasífero de Camisea, en la localidad de Kepashiato, en Cusco, ocurrió poco después de las 5 horasy dejó dos civiles “policontusos”, según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tiene a su cargo la seguridad en la zona por el estado de emergencia vigente.

“Queda absolutamente descartado que existan heridos por armas de fuego”, agregó el comando militar, en respuesta a versiones difundidas en las redes sociales.

El diario La República informó en su portal que una mujer y un hombre heridos fueron atendidos en un centro de salud y dados de alta. Ninguno recibió lesiones de bala.

El periódico informó que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos advirtió que la toma de más estaciones podría paralizar por completo el sistema de distribución y dejar al país sin su principal fuente de energía.

Dina Boluarte asumió el 7 de diciembre la presidencia peruana, lue-go de que el Congreso destituyó a Pe-dro Castillo por “quebrar el orden institucional”, tras anunciar sin éxito la disolución del Parlamento, la intervención del sistema judicial y un gobierno por decreto hasta convocar a una Asamblea Constituyente.

A su vez, la planta de gas permanecía tomada desde el 13 de diciembre por unos 140 manifestantes, lo que paralizó sus operaciones, indicó RPP en su página web .

El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, reclamó a los manifestantes por ocupar a la fuerza el local de una empresa privada, pero también exigió a los uniformados respetar los derechos humanos. Al menos 28 personas han muerto en medio de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y elecciones inmediatas .

“En referencia a la incursión en la planta de bombeo de Camisea- Kepashiato, exigimos respeto a los derechos humanos y a estos activos estratégicos para el país: El gobierno tiene que dialogar con la provincia de La Convención. ¡Ni una sola muerte más!”, tuiteó el gobernador.

La recuperación de la planta permitirá al consorcio de Camisea reiniciar actividades y retomar sus exportaciones de gas, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, citado por el diario La República.

Castillo, líder sindical y maestro rural de 53 años, en el poder desde julio de 2021 y ajeno a las élites, era investigado por la fiscalía por corrupción al momento de su frustrada intentona. Ahora está sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión en flagrancia. Su esposa y dos hijos están asilados en México.

Por lo pronto, el gobierno de Boluarte analiza qué indemnizaciones o apoyos brindará a los familiares de las 28 personas fallecidas en las protestas que siguieron a la destitución y arresto de Castillo.