Ensenada, BC., Diariamente, de madrugada, camiones repletos de jornaleros agrícolas llegan a ranchos de San Quintín para ser ofrecidos por los enganchadores a los mayordomos como mano de obra barata, sin contrato, por pago de jornada laboral en efectivo, sin prestaciones de ley ni seguridad social.

Por la tarde, los trabajadores salen de los campos con la paga en sus bolsillos y el compromiso de acudir al día siguiente a los puntos de reunión que les indican los coordinadores. Éstos negocian con los mayordomos la paga de los entre 30 y 40 jornaleros que trasladan en cada autobús y una comisión para ellos.

Al bajar del camión, los trabajadores deben entregar una cuota a los enganchadores, quienes obtienen un doble ingreso por el trabajo ajeno.

A esta modalidad de outsourcing o subcontratación avalada por patrones y agroindustrias le llaman coloquialmente “saliendo y pagando”, una práctica común en el valle agrícola de San Quintín, ubicado en el sur de Ensenada, donde la vida laboral empieza a las cuatro de la madrugada.

En temporadas altas se usa este esquema en más de la mitad de las 80 empresas y ranchos agrícolas de San Quintín, incluidas agroindustrias estadunidenses como Berry Veg o la mexicana Los Pinos.

En un periodo normal, “saliendo y pagando” se aplica a por lo menos un tercio de los trabajadores de la región, donde laboran comunidades indígenas completas provenientes de Oaxaca, Guerrero o Durango.

Aquí no se aplica la reforma presidencial sobre la subcontratación, lamenta el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

Para esta organización, surgida hace siete años y que ahora dio inicio a una fase de afiliación de empleados para buscar la titularidad de contratos colectivos, la práctica del “saliendo y pagando” cancela todos los derechos del trabajador y anula la responsabilidad del patrón.

La dirigente del SINDJA, Abelina Ramírez, aseguró que en los campos agrícolas los trabajadores se quejan de abusos, pero son pocos los que denuncian por el temor de sufrir represalias de los mayordomos, entre ellas perder la posibilidad de ser contratados de nueva cuenta.

Además, son comunes los despidos injustificados, los castigos y los descansos forzados, sobre todo cuando se organizan, porque tampoco “hay libertad sindical”.

Alejandro Arregui, secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, precisó que las denuncias recurrentes en San Quintín son la omisión de registro ante los institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, además del pago en efectivo, que incumple las disposiciones de ley, “no sólo en lo relacionado con los salarios, sino también con las prestaciones”.

El pago en efectivo no se ha erradicado porque hay ranchos y grupos de personas que prefieren esta modalidad aun cuando está al margen de la ley, planteó Arregui, y advirtió que se busca eliminarlo “con mucha concientización” de los patrones y sobre todo de los jornaleros, para que no se presten a esta práctica.

El funcionario dio a conocer la reciente puesta en práctica de una nueva estrategia de vinculación laboral que consiste en firmar convenios con los gobiernos expulsores de esa mano de obra para que envíen trabajadores agrícolas con la garantía de que contarán con prestaciones sociales en Baja California y evitar que los enganchadores traigan personal de esos estados para cubrir las necesidades de los valles agrícolas.