De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el término “sector informal” se propuso en 1972, luego de una misión de asesoramiento en materia de empleo en Kenya. Después se trató de “economía informal” para resaltar la forma que adoptan las actividades económicas.

Hace unos días el Inegi publicó su informe sobre la medición de la economía informal, con cifras preliminares de 2021. Con la información que se ofrece se tiene una vista del significado de la informalidad en el país.

Ahí se asienta que la informalidad dio cuenta de 23.7 por ciento del producto generado ese año –el PIB– significando un aumento de 1.9 con respecto al año anterior. Hay que tomar en cuenta que en 2020 la pandemia distorsionó la medición hacia abajo.

En todo caso, el año pasado la población ocupada en la informalidad generó casi una cuarta parte del PIB, cifra relevante en términos macro y microeconómico. Esta cifra se mantenido notablemente constante. Desde 2003 y hasta 2021 el valor agregado de la economía informal representó en promedio 23.2 por ciento del PIB.

En la medición de la economía informal se distinguen dos segmentos: uno es el “sector informal”, compuesto de las unidades económicas que incluyen los micro-negocios que carecen de los registros legales básicos para operar. El segundo son, las llamadas “otras modalidades de la informalidad”, que incluyen parte de la producción agrícola, el servicio doméstico remunerado y los distintos tipos de trabajo en unidades formales e informales que no cuentan con protección legal en las relaciones laborales. Cada uno de esos segmentos da cuenta prácticamente de la mitad del producto de la economía informal (12.4 y 11.3 por ciento respectivamente).

En cuanto a la ocupación laboral, el sector formal representa 44.2 por ciento y el informal 55.8 por ciento. En el sector informal la ocupación abarca 28.5 por ciento y las otras modalidades de informalidad 27.3 por ciento.

Por su naturaleza, la economía informal es difícil de medir. El Inegi estima que en su conjunto el producto de la economía informal se genera principalmente en el comercio al por menor, 27 por ciento; la construcción, 15; manufacturas, 13; agropecuario 11 por ciento.

La informalidad es un rasgo ostensible del mercado laboral de México ya por mucho tiempo. La mayoría de los trabajadores carece de los derechos integrales de la ley laboral vigente, también de los beneficios del alza del salario mínimos como el decretado recientemente.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) describe la situación como la inestabilidad e insuficiencia de fuentes de ingreso, es decir, que se asocia con la falta de empleos formales. Se abaratan los costos laborales de las empresas y hacen más laxas las condiciones de los despidos. Estima que un trabajador informal gana alrededor de 55 por ciento de lo que recibe uno en el mercado formal. Y eso provoca que tenga dificultad para cubrir el costo de la canasta básica de consumo. A eso hay que añadir el efecto adverso en el bienestar en general derivado de la carencia de servicios y prestaciones que ofrece la ley laboral (IMSS, pensión, capacitación, vacaciones). La informalidad se asocia con niveles bajos de productividad, lo que incide negativamente en el bajo nivel general de la productividad que existe en el país. La informalidad es un factor de índole estructural en esta economía y que se perpetúa un gobierno tras otro.

Hay un aspecto relevante de la informalidad que debe ponerse de relieve. Se trata, como se ha dicho antes, de actividades económicas que están fuera de la economía regulada, pero no sólo en materia directamente laboral, sino también al margen del sistema tributario.

Esta característica hace que se pueda definir de modo más preciso la informalidad por el lado de los impuestos. Al estar al margen quiere decir que la población ocupada de modo informal paga el IVA como cualquier otro consumidor, pero no el impuesto sobre la renta; tampoco aporta al sistema de seguridad social, con los servicios y las prestaciones que conlleva.

La informalidad tributaria se ha descrito como una parte de la llamada economía oculta, sumergida, negra que abarca la producción de bienes y servicios destinada al mercado, pero sustraída del control del gobierno, sea para no pagar impuestos o la seguridad social y esquivar diversas regulaciones y registros.

De tal manera, el mercado de trabajo está segmentado y entraña diferencias significativas entre las respectivas poblaciones. Habrá quienes prefieran estar en la informalidad por diversas razones (incluyendo las actividades ilegales) pero en la medida en que se mejoran las condiciones laborales, por ejemplo, con la nueva Ley del Trabajo o el aumento de los salarios mínimos, más de 55 por ciento por ciento de los que trabajan quedan fuera.

Eso no quiere decir que los trabajadores formales estén en un entorno sin conflictos. Uno de ellos tiene que ver con las pensiones que, tanto para quienes laboran en el gobierno, empresas o universidades públicas, o bien para los que están en el sector privado, están cada vez más comprometidas. Los datos muestran cómo se han acrecentado los retiros de las cuentas individuales de las Afore. Además, son muy bajas las percepciones esperadas que tendrán los trabajadores por su pensión con la ley vigente.