Buenos Aires. Analistas y reconocidos políticos definen el momento que vive el país como un “golpe de Estado judicial” tras la situación creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ordenó al Poder Ejecutivo destinar 2.95 por ciento del volumen de los impuestos coparticipables al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban destinados a las provincias, regresando a los orígenes del nacimiento de la república en el siglo XIX.

En una medida cautelar dictada el miércoles pasado, la Corte Suprema ordenó al Ejecutivo a ampliar de 1.4 a 2.95 el porcentaje de los impuestos coparticipables del Estado que debía traspasar al jefe de gobierno de la capital argentina, el derechista Horacio Rodríguez Larreta, y dejar de aplicar una ley aprobada por el Congreso en 2020.

El senador Oscar Parrilli, del gobernante Frente de Todos, dijo este fin de semana que “la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado y la voluntad popular" ya que se había dispuesto que el 1.4 por ciento de los fondos coparticipables fueran para la ciudad y el resto para las provincias.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió que el fallo “es un golpe al federalismo”, como lo consideran 18 gobernadores de los 24 del país, mientras que Juan Cruz Miranda, ministro de gobierno catamarqueño, sostuvo que resulta muy grave que una cautelar “revierta una ratificación legislativa (…) Acá hay un conflicto de poderes porque la cuestión de fondo fue resulta por el Congreso. Este fallo revierte una decisión legislativa”.

Fue el ex presidente Mauricio Macri, dirigente de la ultraderechista Propuesta Republicana (PRO), que encabeza la coalición de Juntos por el Cambio, quien mediante un decreto en 2018 aumentó el porcentaje de coparticipación diaria de 1.4, como marcaba la ley, a 3.75.

A su vez el presidente Alberto Fernández, también por decreto bajó esos fondos en un uno por ciento menos. “La ley 27.606 votada por el Congreso Nacional fue la que vino a solucionar el problema, pero el gobierno derechista de la ciudad judicializó el tema y pidió 3.50 por ciento. En consecuencia, la Corte Suprema, además de la medida cautelar dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción”, señalan los gobernadores.

Fernández había decretado el recorte a la coparticipación porteña para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que solicitaban aumentos en sus salarios y que rodearon uniformados y armados la residencia presidencial a mediados de 2020, en lo que también se registró como una amenaza golpista.

“La devolución de fondos a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires representa un golpe al federalismo. Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación", sostienen los gobernadores de 18 provincias .

El diputado del Frente de Todos, Itaí Hagman y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa manifestaron su preocupación por la decisión del máximo tribunal de favorecer a la ciudad más rica del país, como cita la misma agencia oficial Télam .

En una entrevista por televisión, el juez constitucionalista Eduardo Barcesat, dijo que la Corte Suprema desborda su poder y que es necesario “terminar con este gobierno perverso de jueces”.

En entrevista con La Jornada el dirigente político peronista de Todo por la Patria, Jorge Rachid también médico, analista y luchador por la soberanía nacional, que ha convocado a una serie de marchas ante los tribunales, denunciando la actuación de la Corte Suprema, y del llamado Partido Judicial conformado por una serie de jueces, que son parte de la oposición derechista y tienen una relación directa con la embajada de Estados Unidos, dijo que “estamos viviendo un golpe de Estado en este caso encabezado por la Corte Suprema y la oposición derechista”.

Se refirió también a la cantidad de causas falsas armadas en connivencia con medios de comunicación, como Clarín y La Nación y otros, y con sectores de inteligencia ligados a servicios de espionaje extranjeros, por lo cual ha estado al frente de una cantidad de manifestaciones de protesta ante los tribunales denunciando las acciones golpistas de la Corte.

Denunció el fallo de la Corte acompañando al gobernador Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical a de Juntos por el Cambio ratificando una condena a 13 años de prisión a la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida ilegalmente el 16 de enero de 2016 preventivamente hasta ahora “fue ya un fallo golpista”.

Y advirtió que su salud es muy delicada y no podría sobrevivir en la cárcel. Consideró que ese fallo de la Corte es parte del golpismo que pretende acabar con el gobierno actual para no llegar a las elecciones de 2023 y recordó los obstáculos puestos en la investigación sobre el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner .”La oposición en diputados dejando las bancas vacías es similar a la que en Perú dio un golpe parlamentario”, dijo el dirigente.