Por uso excesivo de la fuerza y actos de tortura a consecuencia de las inadecuadas condiciones de habitabilidad que existen en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 Norte, en Apodaca, Nuevo León, así como otras violaciones al derecho a la seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia y a la verdad en agravio de los internos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de ese estado, Samuel García.

Indicó que tras una visita al Cereso, el 19 de septiembre pasado, se corroboró sobrepoblación, hacinamiento y que persiste la falta de actividades, derivada de la insuficiencia de personal de Seguridad y Custodia, así como de atención médica originada por el poco personal médico.

En la Recomendación 232/2022, la CNDH expuso que pudo comprobar que en dicho centro se configuraron diversas omisiones cometidas por las autoridades responsables, al no haber atendido factores e irregularidades preexistentes que inciden negativamente en la vida diaria de las personas privadas de la libertad y que se traducen en una vulneración al trato digno.

Tales problemáticas, señaló, desencadenan incidentes como los acontecidos los días 7 y 8 de enero pasado en el que si bien personas privadas de la libertad ocasionaron disturbios en forma violenta, “también queda claro que las autoridades hicieron un uso excesivo e indebido de la fuerza que derivó en actos de tortura en agravio de 12” presos.

Ante este contexto, la CNDH instó al gobierno de Nuevo León que realice acciones “para no seguir violentando los derechos humanos a la reinserción social, a la protección a la salud, trabajo y capacitación, a la educación, al deporte y a la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en el Cereso”, así como que se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guardan la seguridad y la gobernabilidad.

Pidió que se identifique a las personas víctimas de tortura y que se adopten las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado, proporcionándoles apoyo médico y psicológico, y que se proporcione seguimiento médico a quienes sufrieron lesiones.

De igual forma, que colabore con la Unidad General de Inspección y de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en seguimiento de la denuncia administrativa presentada contra las personas servidoras públicas involucradas en los hechos, así como colaborar con la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Homicidios, Mesa Uno, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en la integración de la Carpeta de Investigación respectiva.