Villahermosa, Tab. El que la nueva administración de Perú haya declarado “persona non grata” al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, “es un timbre de orgullo” para el gobierno de México, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el diplomático externó la preocupación del gobierno mexicano por la presunción que ciertos procedimientos que se han dado durante la crisis en Perú que no estén apegados a la legislación del país ni al derecho internacional, como el se haya detenido al depuesto presidente Pedro Castillo pese a la inmunidad que tenía y que no se respeten sus derechos procesales.

Durante la mañanera de este viernes, que se realiza en esta capital, el mandatario federal destacó la labor del embajador, que anoche arribó a territorio mexicano luego que se le dieran 72 horas para abandonar la nación andina, y que hoy estuvo presente en la conferencia.

“Es un timbre de orgullo que se declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer lo mejor de nuestra política exterior, que repito es el derecho de asilo. Vamos a tener una reunión con el embajador y con (el subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería) Maximiliano Reyes el día de hoy, y vamos a seguirles reconociendo por su gesto patriótico en el caso de el embajador Pablo Monroy. Es su homenaje esta visita a nuestro estado”, planteó el jefe del Ejecutivo federal.

Destacó que el embajador cumplió con su misión, basado en el “estricto apego a lo mejor de nuestra política exterior, que es es garantizar el derecho de asilo, el salvar la vida a perseguidos de cualquier nacionalidad”. Para el mandatario la labor de Monroy logró ese cometido, por lo que consideró que “es un mérito” y que se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior.

En tanto, a cerca de la situación en la nación andina, el diplomático externo: “Seguiremos muy pendientes de estas cuestiones, no queremos que haya violaciones a derechos humanos, externaremos en la medida de lo posible eso al gobierno peruano. Ha habido ciertos actos, por ejemplo en el Congreso de la República que podría haber dudas sobre si se siguieron los procedimientos que marcan las leyes, como el retiro de la inmunidad de la que gozan los presidentes en el Perú. Éste es procedimiento que se llama ante juicio, tiene que suceder ante juicio para poderle retirar la inmunidad a los presidentes, y entonces proceder a investigarlos u juzgarlos, hay ciertas interrogantes sobre si esto se cumplió al pie de la letra. Con lo cual nos mantenemos dando seguimiento, entendiendo los procedimientos y entendiendo las preocupaciones cuando así sea necesario”.

Dijo que el gobierno de México confía en que en el país sudamericano se respeten y observen todas las normas de derechos humanos internacionales y en apego a la legislación peruana y que la actuación de todas sus autoridades se apeguen a esos principios.

“Ha habido muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber en alguna situaciones, violaciones a los derechos humanos, no nos corresponde a nosotros determinarlo, corresponde a las propias autoridades, pero sí hay preocupación sobre ello. También hay preocupación legítima, que compartimos muchos países, sobre todos los procesos judiciales o procuración de justicia que se siguen en el Perú se respete el debido proceso, todos los derechos procesales de las personas acusadas, procesadas, en particular del presidente Castillo. Son todas estas situaciones a las que les hemos dado seguimiento”.

Monroy agregó que su actuación en Perú se basó en el marco del derecho internacional, en los principios rectores de la política exterior mexicana –basada en la no intervención en asuntos internos de otros países, el respeto y promoción de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos— y en las legislaciones mexicana y peruana.

“Pero –acotó— no podemos dejar de tener estas preocupaciones y dialogar con el gobierno peruano respecto de ellas, creo que aquí hay que apostar al diálogo”.

El embajador aseguró que durante la crisis, desatada a partir del 7 de diciembre pasado, su trabajo se enfocó en tres líneas: velar por la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos que se encontraban y se encuentran aún en Perú; honrar la larga tradición del derecho de asilo por parte de México –con lo que se ofreció protección a la familia de Castillo y a él mismo, pero fue detenido—; y mantenerse atentos al desarrollo de la crisis política y social en el país, manteniendo el diálogo con el actual gobierno y con el resto de los actores políticos a fin de tener información fidedigna y confiable del desarrollo de la situación, “información que analizábamos en la embajada y transmitíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general al gobierno de México”.