Lima. Una delegación técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó ayer al depuesto presidente peruano, Pedro Castillo, en el penal de Barbadillo para verificar las condiciones de reclusión en las que se encuentra, y se reunió con autoridades y organizaciones sociales en Lima y en la ciudad de Ayacucho para ponderar información sobre la crisis política de esa nación, mientras las protestas, cuya represión ha dejado 28 muertos, continuaron en varios puntos del país.

El ex mandatario, de 53 años, está “delicado de salud”, indicó Vilma Vásquez, una de las sus sobrinas, tras comunicar en el distrito limeño de San Isidro a los representantes del ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “sobre la injusticia que se está cometiendo” contra el líder progresista, encarcelado, luego que intentó disolver el Congreso, pero el Legislativo lo destituyó a él, el pasado día 7.

Claman justicia

Vásquez pidió “justicia y que sea muy transparente todo” en este caso por parte del nuevo gobierno, presidido por Dina Boluarte, y alertó que los familiares de Castillo sufren persecución, aunque no identificó a los responsables.

Castillo tuiteó antier un escrito de su abogado, Wilfredo Robles Rivera, en el que señala “solicitó una reunión” entre el defendido y la misión de la CIDH, que desde el lunes se encuentra en el país para analizar la crisis política. En la publicación se difundió también un mensaje del ex mandatario, quien aseguró estar “privado arbitrariamente” de sus derechos.

La Defensoría del Pueblo, que acompañó al cuerpo técnico de la comisión, tuiteó: “Nos entrevistamos con el ex mandatario y su defensa técnica y verificamos que las condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal”.

Según el Instituto Nacional Penitenciario, la reunión se realizó en privado, por la mañana, en esta prisión ubicada en una base policial al este de Lima, donde el depuesto mandatario deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva para ser investigado por los delitos de rebelión y conspiración.

El jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad, Carlos Fernández, manifestó a la agencia noticiosa Afp que Castillo, quien gobernó durante casi 17 meses, les manifestó que se encuentra “en una situación estable (…) Sin ninguna complicación de salud o física”. Detalló que la celda de Castillo tiene un área para dormir y una sala, donde puede recibir visitas. Se trata de una celda unipersonal sin restricciones de salida a un patio privado, donde puede realizar actividades o un taller.

El penal Barbadillo está dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital. La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ocupada por el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.

Durante la jornada de ayer, Robles Rivera apeló la orden de prisión preventiva por 18 meses que le impuso al también maestro rural, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y solicitó que se le dicte mandato de comparecencia con restricciones, como parte de este caso, informó el diario La República, que tuvo acceso al documento jurídico.

Robles argumenta que Checkley incurrió en un error al no verificar que se haya cumplido con el trámite del levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político contra el ex mandatario; es decir, se acusó sin que exista una denuncia constitucional de por medio, detalló el diario.

Horas antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite una nueva denuncia contra Castillo por haber respaldado la cuestión de confianza que presentó el entonces primer ministro, Aníbal Torres, ante el Congreso, destacó el mismo periódico.

La misión de la CIDH también se reunió con autoridades de la sureña ciudad de Ayacucho, donde en días pasados fallecieron al menos 10 personas en diferentes enfrentamientos con militares, con la finalidad de recabar datos sobre presuntos abusos policiales cometidos durante las protestas desatadas en esta crisis. Otro grupo visitó Lima y Cusco.

Como parte de su visita a Perú, conversaron con “organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para levantar testimonios sobre las protestas y el contexto del conflicto institucional”, indicó la CIDH en sus redes sociales.

En el marco de las movilizaciones, en Huamanga, distrito de Ayacucho, ciudadanos realizaron un acto público en conmemoración de quienes perdieron la vida durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, reportó La República.

El presidente de la Central Nacional de Mineros de Perú, Víctor Raúl Chandi Chávez, denunció en un mensaje difundido en redes sociales el martes pasado que el ejército y la policía están usando armas de guerra contra la población civil en el distrito de Chala, provincia de Caraveli, durante la huelga indefinida contra el gobierno de Boluarte, en la que participan más de 7 mil mineros artesanales. Las autoridades locales confirmaron el lunes pasado una muerte por estos actos de represión, informó la cadena RPP.

En tanto, la parlamentaria Margot Palacios presentó ayer una denuncia internacional contra Boluarte, por genocidio, debido a las muertes de civiles durante las protestas sociales.

Sostuvo que entregó la denuncia por escrito a la avanzada técnica de la visita de miembros de la CIDH que hasta ayer recogió testimonios y declaraciones sobre los luctuosos sucesos posteriores a la destitución de Castillo y la instalación de su sucesora Dina Boluarte.

La denuncia acusa también al ex primer ministro, Pedro Angulo; a su remplazante, Alberto Otárola, quien antes era el titular de Defensa, y al ex ministro del Interior, César Cervantes, quien también fue sustituido la víspera.