Caracas . Juan Guaidó, el rostro opositor al gobierno de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, quedó ayer en la cuerda floja luego de que la mayoría de los ex diputados de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 votaron por eliminar la figura del gobierno interino con el argumento de que se trata de una estrategia política fallida.

Con 72 sufragios por eliminar el gobierno interino y 23 por conservarlo, terminó la primera sesión, por lo que resta una nueva auscultación para llegar a un acuerdo definitivo basado en las reglas de la Asamblea opositora. El segundo debate fue citado para el próximo jueves.

El intercambio de planteamientos se dio en una sesión sobre ideas muy opuestas acerca de la estrategia a seguir. Guaidó pidió la continuidad del instrumento legal que lo mantiene en dicho “cargo”, el “estatuto de transición”, mientras un grupo de políticos abogó por eliminar la figura del gobierno interino.

La llamada “presidencia encargada” fue creada en enero de 2019 con el propósito de convocar a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

Gobernabilidad futura

Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar, indicó que la eventual eliminación del gobierno interino podría abrir la oportunidad para reconfigurar “condiciones políticas para la gobernabilidad futura”.

Inicialmente el llamado gobierno interino fue reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos y países de América Latina y Europa; sin embargo, el apoyo político externo ha disminuido. Su vecino Colombia decidió recientemente reconocer como legítimo el gobierno de Maduro y le entregó el control de una empresa de fertilizantes que por años estuvo a cargo de Guaidó.

La oposición –que considera que Venezuela pasa por una “dictadura” en manos de Maduro– tiene el reto de llegar unida a unas elecciones primarias presidenciales de la oposición, que planean para 2023, antes de los comicios presidenciales de 2024.

Según la analista Capriles, en caso de que se elimine el gobierno interino y su “burocracia”, se facilitarían las decisiones asociadas a la negociación entre el oficialismo y la oposición, “tanto en lo relativo al acuerdo social recién firmado –que exige un trabajo de recuperación de activos bastante minucioso– como a la futura segunda etapa del diálogo democrático en el que se tratarán acuerdos políticos”.