El régimen de Dina Boluarte escaló el martes su confrontación con México al declarar persona non grata al embajador de nuestro país en Lima, Pablo Monroy Conesa, y exigirle que abandone Perú en un plazo máximo de 72 horas. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el diplomático regresará en breve, y descartó que haya volado junto con la esposa y los dos hijos menores de edad del depuesto mandatario Pedro Castillo, a quienes se concedió asilo ante la amenaza a su bienestar por parte de quienes urdieron y perpetraron el golpe parlamentario del 7 de diciembre.

Cabe destacar el papel fundamental desempeñado por Monroy en el rescate de la familia de Castillo al acogerla en la legación diplomática mexicana en Lima y acompañarla hasta la sala de embarque del aeropuerto internacional de la capital peruana a fin de asegurarse que abordara sin contratiempos el avión que la trajo a la Ciudad de México. Asimismo, debe subrayarse la pertinencia con la que el canciller Marcelo Ebrard ha manejado la situación, con apego al derecho y al principio de no intervención, posiciones en las que México se mantendrá firme. En este tenor, la Secretaría de Relaciones Exteriores a su cargo publicó un comunicado en el cual se ratifica la apuesta del gobierno federal por el diálogo, por lo que se mantendrán abiertos los canales de comunicación con todos los interlocutores.

Por su parte, el titular del Ejecutivo censuró la aplicación de “medidas arbitrarias” en la relación bilateral y señaló la incongruencia del régimen de Boluarte, que nada dijo ante la intervención directa de la embajada de Estados Unidos en la destitución de Castillo. El mandatario recordó que la política exterior del país, basada en la Doctrina Estrada, no otorga reconocimientos a gobierno alguno, sin importar su origen legítimo o usurpador: hacerlo, como lo hizo Estados Unidos, sería contrario a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ante el desarrollo de los acontecimientos, debe señalarse que para las autoridades mexicanas y para el país supone un timbre de orgullo ser considerados no gratos por un régimen carente de legitimidad, que accedió al poder mediante maniobras antidemocráticas y tratos vergonzosos con Washington, y que masacra a sus ciudadanos para sostenerse. También es una nota honorable para el gobierno mexicano haber sido el único en ofrecer refugio a Castillo y su familia, con lo cual descuella en medio de una comunidad internacional que ha sido indiferente o hasta ha validado la involución vivida en Perú, y además consolida la recuperación de tradiciones diplomáticas que son un verdadero ejemplo para la región y el mundo.

Calificar de injerencismo la aplicación del derecho del asilo exhibe que, entre sus otras muchas miserias, el régimen golpista peruano padece un desconocimiento absoluto de un mecanismo de protección que compete únicamente a quien lo solicita y al Estado que lo otorga. En esta crasa ignorancia, como en su talante represor, el grupo que instaló en la Casa de Pizarro a Boluarte muestra sus semejanzas con el efímero golpismo boliviano de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho.