Caracas. Los partidos de la oposición venezolana buscan destituir a Juan Guaidó para impedir que su gobierno interino se extienda un año más, y además controlar los activos en el extranjero como el refinador Citgo, indicaron ayer voceros de los principales grupos de esa facción.

Guaidó controla el refinador con sede en Houston, filial de la petrolera estatal PDVSA, desde 2019 cuando se declaró presidente interino y nombró una junta administradora.

Si bien Washington aún reconoce a Guaidó como líder legítimo en lugar del presidente Nicolás Maduro, el fracaso de Guaidó en llegar a un acuerdo con la administración de Maduro sobre nuevas elecciones y su dependencia de las sanciones de Estados Unidos lo ha hecho tener diferencias con grupos de la oposición venezolana.

Guaidó convocó a una sesión especial del Congreso para hoy a fin de extender el mandato de su gobierno interino por otro año, y en gran parte para mantener el control sobre Citgo y otros activos estatales en el extranjero.

Pero los partidos políticos proponen remplazar a Guaidó con una comisión de cinco miembros designados por el Parlamento para proteger los activos externos.

La propuesta planteada es la disolución del gobierno interino, salvo la junta ad hoc de PDVSA Holding –que administra Citgo–, así como la junta ad hoc del Banco Central, y adicional se crearía una comisión para velar por otros activos, explicó el opositor Alfonso Marquina.

Los partidos que buscan remplazar a Guaidó han propuesto delegar las funciones del gobierno interino a la nueva comisión.

La oposición se está centrando en buscar un candidato para competir contra Maduro en unas elecciones presidenciales programadas tentativamente para 2024.

“Estados Unidos reconoce las decisiones soberanas que se toman en Venezuela, por lo que no tenemos ninguna duda de que la relación con Washington se mantendrá”, expresó Marquina en conferencia de prensa en Caracas.

Tres de los partidos de oposición más grandes de Venezuela apoyan la moción, agregó Marquina.

Al menos 160 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición en 2015, deberían asistir a la reunión y la moción se aprobaría si la mayoría la apoya, detalló Marquina, quien agregó que al menos 69 legisladores han prometido su apoyo hasta el momento.

En las encuestas de consultoras locales, la aprobación de Guaidó ha caído en torno a 17 por ciento, lejos del más de 60 por ciento que disfrutó tras asumir la presidencia interina.

El otrora rico miembro sudamericano de la OPEP debe más de 60 mil millones de dólares a acreedores por nacionalizaciones de empresas de hace una década con el entonces presidente Hugo Chávez y por bonos del país y la petrolera.

Entre ellos se encuentra un bono de PDVSA 2020, sobre el cual la empresa había puesto como garantía una participación mayoritaria en Citgo. El activo está protegido por una licencia estadunidense que vence en enero y que los grupos de oposición esperan que se prorrogue.

Si bien muchos activos están protegidos por el gobierno de Estados Unidos, algunos acreedores han ganado juicios para vender activos venezolanos en el extranjero.

El fracaso de Guaidó para extender su liderazgo podría significar problemas para las juntas que controlan esos activos, cuya legitimidad se basa en el reconocimiento de Guaidó como líder opositor de Venezuela.

En la presidencia de Maduro ocurrió un colapso económico y el éxodo de más de 7 millones de venezolanos desde 2015. Pero la oposición sigue fracturada.