Madrid. La mayoría pírrica del Tribunal Constitucional (TC) -seis magistrados frente a cinco- confirmaron su doctrina del pasado martes y ordenaron la suspensión de la votación en el Senado de las dos enmiendas presentadas por el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, para reformar el poder judicial. El fallo del TC responde a la presentación de un recurso de apelación presentado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que alegaba que la anulación de la tramitación de la reforma suponía “una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido”.

La guerra entre el Ejecutivo español y el poder judicial sigue incandescente. El máximo órgano de las garantías constitucionales en el país confirmó su polémico e histórico fallo del pasado martes, en el que por primera vez admitió la petición de una “medida cautelarísima” para suspender la tramitación de dos de las cuatro enmiendas que inició el gobierno para reformar el Código Penal. El derechista Partido Popular (PP) alegó que el gobierno había presentado esas reformas de calado por la vía de urgencia, sin la posibilidad de presentar enmiendas y sin los informes de los órganos consultivos. Y más aún tratándose de dos reformas que afectaban al corazón del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TC, sin que se tomara en cuenta que la renovación de ambas instituciones están bloqueadas desde hace cuatro años por el PP.

Después de tres horas de intenso debate finalmente los magistrados llegaron a la conclusión de la suspensión del trámite parlamentario y por tanto el Ejecutivo ahora está obligado a presentar una nueva iniciativa, que en este caso tendrá que ser acorde al criterio procedimental fijado por los magistrados del TC. El presidente Pedro Sánchez ya confirmó que esa vía la presentará la próxima semana y que para ello cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios, sobre todo de Unidas Podemos (UP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH-Bildu, con lo que se prevé que la nueva ley esté en fase de tramitación a mediados de enero.