Santiago. El Senado de Chile rechazó, por segunda ocasión en casi tres semanas una nueva propuesta del presidente Gabriel Boric para ocupar el cargo de fiscal nacional y liderar al Ministerio Público, una de las instituciones más en entredicho por su ineficacia en perseguir a la delincuencia y sobre la que hay no hay duda de que requiere una urgentísima renovación.

La inseguridad pública y la delincuencia, junto con la inflación, constituyen para 60 por ciento de los chilenos los principales problemas del país.

Esta vez fue Marta Herrera Seguel, de 49 años, abogada de la Universidad de Chile con una trayectoria de 21 años en el Ministerio Público y que es directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica, quien no obtuvo el respaldo de 33 senadores –dos tercios de los 50– para ser ratificada. Alcanzó sólo 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones; cuatro se ausentaron.

Su nombre fue incluido en una quinteta sugerida por la Corte Suprema a Boric, luego de que el 30 de noviembre fracasó la candidatura de José Morales.

A diferencia de aquella ocasión, cuando reaccionó con moderación, esta vez el gobernante chileno no se guardó palabras para cuestionar la decisión de los congresistas, advirtiéndoles que están allanado la acción de los delincuentes.

“Donde se abre una grieta es un lugar por donde el crimen organizado puede entrar y ve debilidades en las instituciones del Estado –y creo que lo que ha hecho el Senado es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional–, se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir”, declaró.

Luego exigió responsabilidad a los senadores al afirmar: “tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica; la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado tiene que ser una política del Estado donde todas las instituciones y todas las tendencias políticas estén detrás de un objetivo, que es garantizar la paz de todos los chilenos”.

Los comentarios de Boric tuvieron lugar cuando participaba en el lanzamiento de una Política Nacional contra el Crimen Organiza que, entre varios ejes y con un presupuesto de 45 millones de dólares para 2023, espera fortalecer el intercambio, análisis de información y articulación de las policías; desbaratar la economía criminal incautando sus activos; disminuir el poder de fuego; enfrentarlo en los recintos penitenciarios, previniendo su operación y el reclutamiento, y una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución.

La oposición a Herrera vino básicamente desde las derechistas Unión Demócrata Independiente, cuyos nueve senadores votaron en contra, y Renovación Nacional, pero también al menos dos oficialistas la rechazaron y/o abstuvieron, en tanto que un tercero se ausentó.

Para la derecha, Herrera representaba la continuidad del fiscal nacional saliente, Jorge Abbott, sobre cuyos ocho años de gestión hay una opinión transversal de fueron un fracaso que se traduce en denegación de justicia.

Pero también la negativa a Herrera es vista como una “vuelta de mano” porque hace dos años, ella abrió una investigación que involucraba al ex presidente derechista Sebastián Piñera por su participación en la venta de la Minera Dominga.