Organizaciones y activistas exigieron a autoridades federales garantizar la seguridad de quienes trabajan por la paz y defienden los derechos humanos, así como diseñar una estrategia integral que facilite “a todas las víctimas de la violencia y la inseguridad en México el acceso a la justicia”. Ayer, al cumplirse seis meses de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Fundación para la Justicia, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos y la Casa del Migrante de Saltillo, entre otros muchos organismos, demandaron al gobierno chihuahuense avances en la investigación de los homicidios, salvaguardar la seguridad de las comunidades de la región y capturar al presunto asesino, José Noriel Portillo Gil, El Chueco.